Dante Tarazona, consejero regional por la provincia de Marañón, anunció que solicitará un informe detallado sobre los gastos logísticos y el pago de viáticos realizados durante la reciente inauguración de la **Alameda Perú**, en Tingo María. La obra, cuyo presupuesto inicial superaba los **nueve millones de soles**, habría terminado costando cerca de **17 millones**, una cifra que el legislador calificó como desproporcionada frente a las carencias de otros sectores productivos de la región.
Según la denuncia pública de Tarazona, la gestión del **gobernador Antonio Pulgar Lucas** habría movilizado a cientos de servidores públicos de diversas direcciones regionales y gerencias para participar en lo que denominó un "**show mediático**". El consejero sostuvo que el despliegue no solo representó un gasto innecesario de fondos públicos, sino que provocó el abandono de funciones administrativas en áreas críticas para el desarrollo regional.
El legislador identificó específicamente el traslado de personal bajo régimen CAS de proyectos de inversión, como los de café, plátano, bambú y reforestación en Monzón. De acuerdo con su testimonio, aproximadamente **30 trabajadores** de este último proyecto habrían dejado sus labores desde el jueves previo para asistir al evento, bajo un presunto compromiso político con la autoridad regional, desatendiendo las necesidades de los agricultores locales.
El costo de la parafernalia frente al cierre de brechas
Tarazona cuestionó que la actual administración regional priorice eventos de gran despliegue publicitario e infraestructuras recreativas, como estadios y alamedas, sobre la inversión en agricultura y educación. A su juicio, este tipo de obras no contribuyen de manera efectiva al cierre de brechas sociales en provincias postergadas, como **Marañón**, donde la población aún espera la ejecución de proyectos básicos de infraestructura y servicios.
La fiscalización se centrará en determinar la legalidad del uso de recursos destinados a proyectos productivos para fines de representación política. El consejero adelantó que buscará el respaldo de otros miembros del **Consejo Regional de Huánuco** para formalizar el pedido de rendición de cuentas, exigiendo transparencia sobre cuánto le costó al erario regional el traslado, la alimentación y el hospedaje de la comitiva oficial.
La controversia surge en un momento de tensión política, marcado por críticas a la presunta continuidad de la campaña electoral por parte del gobernador. El cierre del capítulo administrativo de la Alameda Perú dependerá ahora de la capacidad del Ejecutivo regional para justificar el incremento del **100%** en el presupuesto de la obra y el uso de personal técnico en actividades ajenas a sus funciones contractuales.
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