La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado consiguió una sentencia condenatoria de 23 años y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva contra un adulto mayor hallado responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, en agravio de su nieta menor de edad.
Según informó el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Huánuco, los hechos se registraron entre los años 2016 y 2021 en el sector de Mapresa, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado. De acuerdo con la tesis fiscal, el sentenciado se habría aprovechado del vínculo familiar y de la convivencia en un mismo domicilio para cometer de manera reiterada las agresiones cuando la menor quedaba bajo su cuidado.
La Fiscalía sostuvo durante el juicio que el acusado actuaba cuando la víctima se encontraba sola y en condición de vulnerabilidad, además de recurrir, presuntamente, a amenazas para impedir que los hechos fueran revelados. El caso fue sustentado por el fiscal Robles Rafaele, quien presentó diversos elementos de prueba para acreditar la responsabilidad penal del procesado.
Pruebas y sanción Entre los principales medios probatorios valorados en el proceso figuran la declaración de la agraviada en cámara Gesell, pericias psicológicas que daban cuenta del daño emocional y testimonios que, según la acusación, permitieron reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos denunciados.
El Ministerio Público precisó que, debido a la gravedad y reiterancia de los actos atribuidos al sentenciado, se aplicaron las reglas de sumatoria de penas por concurso real de delitos. Ese criterio permitió que el juzgado impusiera una condena superior a los 23 años de prisión efectiva.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia fija el pago de 12 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima. También se dictó la inhabilitación principal del condenado, que le impide de manera definitiva ejercer labores docentes o administrativas en instituciones educativas públicas o privadas.
Protección a menores La decisión judicial vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de violencia sexual, especialmente cuando los hechos ocurren dentro del entorno familiar, donde el silencio y el temor suelen dificultar la denuncia.
El Ministerio Público señaló que este fallo reafirma su compromiso con la persecución de delitos sexuales y con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, subrayando que estos casos deben ser investigados con rigor y atendidos con enfoque de protección integral a las víctimas.










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