Once personas fallecieron, cerca de 19 resultaron heridas y, según denunciaron testigos, los cadáveres permanecieron toda la mañana en el lugar debido a la demora en la llegada del fiscal. Este saldo dejó el despiste de un bus de la empresa Real Chankas en el sector San Isidro, distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado. La unidad, que cubría la ruta Pucallpa–Lima, salió de la vía e impactó contra una vivienda la noche del martes 16 de junio.
El accidente obligó al Hospital Tingo María a activar la alerta de emergencia para recibir a los sobrevivientes. Según la información difundida, médicos, enfermeros, técnicos, brigadistas y personal asistencial fueron movilizados para atender a los heridos evacuados desde la zona del siniestro.
La atención inicial alcanzó a 16 pacientes, entre adultos y menores de edad, diagnosticados con policontusiones por accidente de tránsito. El traslado se realizó con apoyo de la ambulancia del Puesto de Salud de Pomahuasi, el SAMU y efectivos de la Policía Nacional del Perú, a través de la Unidad de Carreteras.
La demora fiscal queda bajo cuestionamiento.
La denuncia más grave surgió después del rescate: los cuerpos de las víctimas habrían quedado durante varias horas en el lugar porque el fiscal no llegaba para realizar la diligencia de levantamiento. Esa versión, atribuida a quienes estuvieron en la zona, deberá ser contrastada con el Ministerio Público.
El punto no es menor. En un accidente con múltiples fallecidos, la demora en el levantamiento de cadáveres no solo prolonga el dolor de las familias, sino que también puede afectar el manejo ordenado de la escena y la cadena inicial de diligencias.
Hasta ahora, no se ha incluido en la información entregada una explicación oficial sobre el tiempo que tardó la autoridad fiscal en llegar ni sobre las razones de esa demora. Ese vacío debe ser aclarado por las instituciones responsables.
La cabina abre nuevas interrogantes.
A la tragedia se sumaron versiones que deberán ser verificadas. Justiniano Velázquez Rodas, representante legal de Real Chankas, sostuvo que su hijo viajaba en la cabina del ómnibus, resultó herido, fue atendido en el hospital y luego dado de alta.
El empresario también afirmó que José Manuel Bocanegra Vílchez, una de las personas fallecidas, no era el conductor de la unidad, sino un acompañante que iba en la cabina. Esa precisión no cierra el caso; por el contrario, obliga a establecer quién manejaba el bus al momento del despiste.
Velázquez Rodas señaló además que no tendría información precisa sobre el paradero ni el estado de salud del otro chofer. Esa declaración deberá ser contrastada por la Policía, el Ministerio Público y las autoridades de transporte, porque el rol del conductor es central para reconstruir los minutos previos al impacto.
Otro punto sensible es el manifiesto de pasajeros. El representante de Real Chankas sostuvo que algunas personas que iban en cabina no habrían figurado en ese registro. Si esa versión se confirma, la investigación deberá determinar cómo subieron, por qué viajaban allí y qué controles aplicó la empresa antes de iniciar la ruta.
Las causas del despiste siguen bajo investigación. De manera preliminar, se mencionó una posible falla mecánica, pero esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, el caso deja preguntas urgentes: quién conducía, cuántas personas viajaban realmente en la unidad, por qué había ocupantes en cabina y por qué los cuerpos permanecieron tantas horas en la vía.
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