Una pareja de adultos mayores de Lauricocha podría ser desalojada de un predio donde asegura vivir desde hace décadas, pese a que su familia sostiene que la sentencia se basó en documentos que no corresponderían al terreno real. Fidel Santos Robles, su esposa y su hija Anyela Santos Durán solicitaron revisar el caso y detener la orden de desalojo.
Anyela Santos Durán afirmó que los demandantes habrían utilizado una carta simple y un croquis de ubicación como si fueran documentos compatibles con la resolución jefatural 141-2006 de Cofopri y con el plano catastral código 0096, hoja Ciudad 4. Según explicó, esa documentación sirvió para mencionar un lote 4 que, de acuerdo con el plano oficial, no existiría en la manzana indicada.
La hija de la pareja mostró una respuesta municipal que, según leyó, señala que el plano remitido por el juzgado no guarda relación con el plano de trazado y lotización oficial de Cofopri. El documento municipal también indica que la denominada manzana 01 o 01 prima no cuenta con una subdivisión en cuatro lotes y que el lote 4 citado en la sentencia carece de existencia técnica y legal en los registros de la entidad.
La defensa familiar apunta a una dirección distinta. La familia sostiene que el caso podría estar vinculado a otro terreno. Anyela Santos afirmó que Sunarp certifica la existencia de una manzana 01, lote 4, en el barrio Norte del centro poblado de Jesús, pero ubicada a dos manzanas del predio donde viven sus padres. Para la familia, esa diferencia es clave para cuestionar la ejecución del desalojo.
Fidel Santos Robles aseguró que vive en el terreno desde hace 48 años y que lo adquirió de un familiar en 1977. Según su testimonio, antes de levantar su vivienda utilizaba el espacio para agricultura y construyó su casa alrededor de 1990. También negó haber ingresado por la fuerza o haber roto candados, como, según dijo, habrían sostenido los demandantes.
Su esposa reforzó esa versión y afirmó que cuenta con un recibo de luz vinculado a noviembre de 2002. La familia considera relevante ese dato porque la parte demandante habría señalado que ellos ingresaron al predio en 2004. Para la pareja, esa contradicción debe ser revisada antes de cualquier lanzamiento.
Los demandantes mencionados por la familia son Antonio, Gabriel, Salvador y Zenón Dueñas. Fidel Santos sostuvo que ellos no tendrían posesión sobre el predio y que habrían presentado documentos que, según su versión, no acreditan la ocupación real del terreno reclamado. Esa afirmación corresponde a la posición de la familia y requiere contraste con la versión de los demandantes.
Cuestionan a jueces y anuncian acciones. Fidel Santos cuestionó al juez Wenceslao Aguirre Suárez por haber validado, según su versión, documentos que considera fraguados. También mencionó al juez Alipazaga, a quien pidió tomar en cuenta que existirían documentos pendientes antes de ejecutar el desalojo. La familia evalúa presentar quejas ante Odecma.
Anyela Santos indicó además que presentaron una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pero afirmó que no fue aceptada pese a haber acompañado informes de la municipalidad y de Cofopri. Según dijo, esos documentos demostrarían que la manzana indicada no tendría lote 3 ni lote 4 en la forma usada dentro del proceso.
El caso tiene alta sensibilidad por tres razones: involucra a dos adultos mayores de 80 años, existe una orden de desalojo y la familia afirma que la sentencia se apoya en una identificación técnica que no coincide con el predio real. La acusación de colusión contra funcionarios municipales o judiciales sigue siendo una denuncia de parte y debe ser verificada por los órganos competentes.
Lo pendiente es conocer la respuesta del Poder Judicial, la versión de los demandantes, el estado exacto de la nulidad planteada y si Odecma abrirá revisión sobre la actuación de los jueces mencionados. Mientras ello no ocurra, la familia sostiene que ejecutar el desalojo podría afectar a personas que, según sus documentos, estarían defendiendo un predio distinto al señalado en la sentencia.
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