El sector transporte en Huánuco atraviesa un momento decisivo. Tras una reunión sostenida con el alcalde y representantes técnicos, el dirigente Evaristo Bueno Tafur confirmó que se viene elaborando una nueva ordenanza municipal que buscará reorganizar el sistema, derogar normas anteriores y establecer un Plan Regulador de Rutas como eje central de la reforma.
El encuentro contó con participación de la Cámara de Comercio, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados y la Defensoría del Pueblo. Según el dirigente, el objetivo es dotar a la Gerencia de Transportes de un instrumento legal sólido que permita ejercer su función administrativa sin interpretaciones ambiguas.
Actualmente, las ordenanzas vigentes —particularmente la 05-2019 y la 06-2024— restringen nuevas concesiones de rutas y paraderos. De acuerdo con el gremio, 48 empresas habrían perdido concesiones por diversas causas, generando tensión en el sector. Los transportistas sostienen que la norma ha sido aplicada bajo interpretaciones que no necesariamente reflejan su espíritu original.
La meta trazada es que la nueva ordenanza esté lista el 15 de marzo. De concretarse, marcaría un punto de inflexión en la política de transporte urbano de la ciudad.
Plan urbano
Más allá del conflicto inmediato, los transportistas plantean que el problema no es aislado, sino parte de una deficiencia mayor en la planificación urbana. Cuestionan el actual Plan de Desarrollo Urbano, señalando que no ofrece soluciones estructurales para el crecimiento y movilidad de Huánuco.
Entre las propuestas planteadas figura la creación de rutas complementarias por el margen del río Huallaga y la implementación de un sistema que articule zonas rurales y altoandinas con un eventual terminal de integración.
Para los dirigentes, el transporte no puede abordarse solo desde la fiscalización, sino desde una planificación territorial que anticipe crisis y reduzca congestión.
Acreditación de inspectores
Uno de los puntos más sensibles del debate es el accionar de los inspectores municipales. El dirigente denunció hostilización en operativos y falta de capacitación adecuada. Señaló que muchos inspectores no contarían con licencia de conducir, requisito que considera indispensable para comprender la normativa de tránsito.
Además, cuestionó el reglamento municipal de sanciones, argumentando que vulneraría disposiciones del Código Nacional de Transporte al disponer el internamiento casi automático de vehículos al depósito. Según explicó, incluso cuando el conductor regulariza su situación al día siguiente, se le cobra como si hubiera permanecido dos días en cochera, lo que impacta en la economía del transportista.
El gremio advierte que estas medidas estarían incentivando la informalidad, ya que algunas empresas que perdieron concesiones continúan operando sin asumir los costos formales. También subrayan que el ingreso promedio diario de un conductor oscila entre 35 y 40 soles, mientras que los pagos por concesión superan los 1,800 soles.
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