Los recursos debían financiar vehículos, equipamiento táctico, protección personal, comunicaciones e inteligencia criminal. Una investigación de Hildebrandt en sus Trece advierte que evaluaciones internas registraron 0% de ejecución mientras crecían las denuncias por extorsión y una unidad especializada perdió cerca de S/3.8 millones destinados a 38 vehículos.
Más de S/316 millones destinados a 82 inversiones para modernizar y equipar unidades de la Policía Nacional permanecían sin ejecutarse después de aproximadamente 11 meses, pese a haber sido aprobados en agosto de 2025 y estar disponibles desde septiembre de ese año. Según una investigación publicada por el semanario Hildebrandt en sus Trece, el dinero debía reforzar unidades especializadas, grupos tácticos, vehículos, equipos de protección, sistemas de comunicación e inteligencia criminal, pero sucesivas evaluaciones internas de la propia institución registraron un avance de 0%.
Los recursos, por S/316'180,990, fueron aprobados el 20 de agosto de 2025 por el Comité de Administración del Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía. El presupuesto formaba parte del Plan Estratégico de Modernización y Equipamiento de la PNP. De acuerdo con el reportaje, la Dirección de Planeamiento Institucional registró en abril de 2026 una ejecución de 0% en cinco dependencias, entre ellas Investigación Criminal, Antidrogas, Región Policial Lima, Aviación Policial y Logística. Una nueva evaluación de mayo volvió a mostrar el mismo resultado y otra revisión realizada en julio constató que la situación no había cambiado.
La dimensión del retraso adquiere mayor peso frente a las propias necesidades reconocidas por la Policía. El plan de modernización 2025-2030 estimó requerimientos de equipamiento por S/9,081 millones. El Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía priorizó alrededor de S/1,096 millones, equivalente al 12.08% de esa demanda, y dentro de ese paquete los S/316 millones representaban cerca del 28.8%. Según el semanario, al cierre del segundo trimestre de 2026 esos recursos continuaban sin ejecución.
Extorsiones crecían mientras una compra de vehículos perdía financiamiento
El caso más crítico expuesto en el reportaje corresponde a la unidad policial dedicada a investigar extorsiones. Esta dependencia obtuvo cerca de S/4 millones para adquirir 38 vehículos, pero los procedimientos contractuales no fueron concluidos dentro del plazo exigido y el Ministerio de Economía terminó retirando S/3'764,013 de la partida, dejando la adquisición sin financiamiento para 2026.
El Ministerio del Interior había transferido el 29 de abril S/3'974,152 a Investigación Criminal y posteriormente autorizó su utilización para vehículos destinados a la División de Extorsiones. El proyecto mayor tenía un costo actualizado de aproximadamente S/19.07 millones e incluía, además de unidades vehiculares, sistemas GPS, drones y cámaras. Sin embargo, aunque el proceso de contratación había avanzado y existían proveedores seleccionados, los contratos se suscribieron después del plazo establecido para comprometer presupuestalmente los recursos.
De acuerdo con documentos internos revisados por Hildebrandt en sus Trece, un informe policial del 20 de agosto identificó problemas en el área encargada del abastecimiento y la ejecución contractual por las demoras que impidieron firmar los contratos a tiempo. El propio documento, sin embargo, señaló que las responsabilidades individuales todavía debían ser determinadas y recomendó la intervención de Inspectoría General y del órgano de control para establecer si existieron omisiones, retrasos o negligencia. Esa precisión resulta clave: los documentos descritos plantean fallas de gestión y pedidos de investigación, pero no establecen por sí solos una responsabilidad individual definitiva.
El episodio ocurre en medio de una fuerte presión por la expansión de las extorsiones. Según las cifras consignadas en la investigación, el Ministerio Público recibió 11,946 denuncias por extorsión durante el primer semestre de 2026, un promedio aproximado de 66 diarias. Si se agregan 382 denuncias por chantaje y 306 expedientes todavía sin clasificación, el registro fiscal mencionado en el reportaje asciende a 12,634 casos. En ese escenario, los 38 vehículos previstos para reforzar la unidad especializada quedaron fuera de la planificación operativa de este año.
Denuncia interna agrava la crisis en la cúpula policial
A la ejecución presupuestal se suma un conflicto dentro del alto mando. El general Gustavo Pareja García, jefe de la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía, presentó una denuncia interna contra el comandante general Óscar Arriola por presunto abuso de autoridad. Según el reportaje, Pareja sostiene que determinadas actuaciones perjudicaron su trayectoria profesional y vulneraron sus derechos, además de solicitar garantías frente a posibles represalias. Se trata de una acusación pendiente de esclarecimiento y no de una responsabilidad establecida.
La controversia alcanzó al nuevo gobierno. El semanario señala que Pareja comunicó personalmente el caso al ministro del Interior, César Astudillo, y que este habría dispuesto que la información fuera investigada y trasladada a las instancias correspondientes. El reportaje añade que la permanencia de Arriola plantea además un problema político y legal debido al régimen que establece un periodo de dos años para el comandante general de la PNP y restringe las causales de salida anticipada.
La investigación deja así dos interrogantes abiertas. La primera es administrativa: cómo pudieron permanecer sin ejecutar S/316 millones destinados a 82 inversiones mientras la institución reconocía graves necesidades de equipamiento. La segunda es política: qué decisiones adoptará el Ejecutivo frente a una conducción policial cuestionada internamente y a una modernización que, según los documentos citados, no convirtió recursos disponibles en vehículos, tecnología y capacidad operativa. Al cierre de la investigación del semanario, la Policía no había respondido el cuestionario enviado sobre la ejecución de los S/316 millones, el caso de los vehículos para Extorsiones y el conocimiento que tuvo la Comandancia General sobre las alertas internas.
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