Un nuevo derrame de petróleo en el Oleoducto Norperuano encendió las alertas ambientales en la región Amazonas , luego de que se confirmara la fuga de crudo en una zona cercana a comunidades rurales. El incidente, registrado el 31 de marzo en el Tramo II del ducto, ha puesto nuevamente en el centro del debate la vulnerabilidad de esta infraestructura y los riesgos para los ecosistemas amazónicos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el derrame ocurrió a la altura del kilómetro 393+674 , en el sector Pantaam , próximo al caserío Alan García Pérez , distrito de Nieva . De acuerdo con los primeros reportes, el hidrocarburo alcanzó una quebrada cercana, generando preocupación por su posible impacto en fuentes de agua utilizadas por la población local. Petroperú confirmó que el incidente fue originado por una perforación en la tubería , presuntamente ejecutada por terceros mediante herramientas mecánicas. Este elemento ha sido clave en la reacción de la empresa estatal, que no solo desplegó acciones técnicas inmediatas, sino que también anunció medidas legales frente a lo ocurrido. Tras detectarse la fuga, Petroperú activó su Plan de Respuesta a Emergencias , movilizando brigadas especializadas para intervenir en la zona afectada. Según el comunicado oficial, las labores permitieron controlar el derrame mediante el sellado de la tubería , evitando así una mayor expansión del crudo en el entorno natural. La empresa detalló que las acciones de primera respuesta se ejecutan en cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Hidrocarburos , lo que incluye la contención, limpieza inicial y evaluación del impacto ambiental. Asimismo, se iniciaron coordinaciones con autoridades comunales para atender posibles afectaciones en la población. El hecho de que el tramo afectado se encuentre paralizado desde julio de 2024 añade un componente crítico al caso, ya que evidencia la persistencia de riesgos incluso en infraestructuras fuera de operación regular. Esto refuerza las preocupaciones sobre la seguridad y vigilancia del oleoducto en zonas remotas. En paralelo a las acciones técnicas, Petroperú comunicó el incidente a organismos supervisores como el OEFA y Osinergmin , activando los protocolos de fiscalización correspondientes. Además, presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) con el objetivo de identificar y sancionar a los presuntos responsables de la perforación. La empresa enfatizó que tomará acciones legales para esclarecer los hechos, en un contexto donde los daños ambientales y las afectaciones sociales pueden escalar si no se determina con rapidez el origen del incidente. Este nuevo episodio se suma a una serie de eventos similares registrados en el país, reavivando el debate sobre la protección de los recursos naturales , la responsabilidad empresarial y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención en infraestructura estratégica . Mientras tanto, las comunidades cercanas permanecen en alerta ante posibles consecuencias en su entorno y calidad de vida.
