El Gobierno de José María Balcázar evalúa postergar la solicitud del voto de confianza del gabinete encabezado por Luis Arroyo hasta después de la primera vuelta de las elecciones generales 2026 . La ausencia de una fecha concreta, a pocas semanas de los comicios del 12 de abril , ha generado cuestionamientos sobre una posible estrategia política orientada a recalcular apoyos en el Congreso según el nuevo escenario electoral. Aunque el Ejecutivo aún se encuentra dentro del plazo constitucional de 30 días para presentarse ante el Parlamento, la indefinición ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre política y la recomposición del gabinete tras la salida de la expremier Denisse Miralles . Este cambio obligó a reestructurar el equipo ministerial y reordenar la agenda gubernamental en un momento clave del calendario electoral. Especialistas coinciden en que la postergación no responde únicamente a factores administrativos. La cercanía de las elecciones y la expectativa sobre el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso han colocado al voto de confianza en el centro de una estrategia que combina prudencia política y cálculo institucional . Para el sociólogo y docente Pavel Aguilar , la decisión del Ejecutivo evidencia una lectura estratégica del contexto político. Señala que la proximidad de las elecciones modifica la dinámica parlamentaria y que el Gobierno busca evitar una exposición innecesaria antes de conocer el nuevo mapa político que dejará la primera vuelta. Según el especialista, la posibilidad de que candidaturas de derecha avancen a la segunda vuelta —como las de Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga — influye directamente en la correlación de fuerzas dentro del Congreso. En ese escenario, el oficialismo tendría incentivos para esperar y evaluar cómo se reconfiguran las bancadas antes de someter al gabinete a una votación. Aguilar también advierte una estrategia de bajo perfil por parte del Ejecutivo. “Han bajado el volumen de los temas más conflictivos y adoptado una línea más técnica”, sostiene, al tiempo que resalta la ausencia de gestos políticos previos al voto de confianza, como acercamientos con bancadas o definición de una agenda clara. En su análisis, el Gobierno opera en una especie de “ piloto automático ”, condicionado por la centralidad del proceso electoral. Desde una postura más crítica, el politólogo Andy Zeballos cuestiona la demora y advierte que el problema trasciende lo legal para instalarse en el plano político. A su juicio, la falta de definición debilita la conducción del Ejecutivo en un contexto nacional complejo. “ Estamos ante un acto de suma irresponsabilidad ”, señala, al considerar que la postergación del voto de confianza refleja una lógica de negociación con el Congreso más que una decisión técnica. Zeballos sostiene que el Ejecutivo estaría priorizando acuerdos políticos orientados a asegurar su permanencia, en lugar de consolidar una agenda de políticas públicas. El especialista advierte además una dinámica clientelar en la relación entre el Gobierno y el Legislativo. Según explica, la búsqueda de cuotas de poder y espacios ministeriales respondería a intereses particulares antes que a criterios de gobernanza. En ese sentido, cuestiona que se postergue una decisión clave mientras el país enfrenta problemas estructurales como la inseguridad, la pobreza y la crisis social .
