La sostenibilidad de las finanzas públicas en Perú enfrenta una presión creciente por decisiones legislativas recientes y propuestas electorales que ampliarían el gasto rígido, según alertó el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su informe de marzo de 2026. El estudio, basado en la opinión de 85 economistas, revela que el 95% considera necesario que el Ejecutivo observe leyes aprobadas por el Congreso e incluso presente demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en un contexto donde el gasto comprometido ya alcanza el 62% del presupuesto total. El documento advierte que iniciativas recientes del Congreso implican un aumento superior a S/ 11,000 millones anuales, principalmente por la ampliación de beneficios en pensiones a docentes y militares, así como mejoras laborales para trabajadores bajo el régimen CAS. Según el IPE, esta presión fiscal ocurre en paralelo a un escenario de desaceleración económica global y tensiones internas que reducen el margen de maniobra del Ejecutivo. La encuesta también identifica que el 92% de los economistas considera “riesgosas o muy riesgosas” las propuestas electorales que plantean incrementos agresivos del gasto público rígido, incluyendo planillas estatales y sistemas pensionarios. Este tipo de gasto, según el informe, limita la capacidad del Estado para responder a crisis futuras, ya que reduce la flexibilidad presupuestal en un contexto donde el Perú ya cuenta con herramientas como el Fondo de Estabilización Fiscal. Propuestas electorales bajo cuestionamiento técnico El análisis del IPE incorpora una revisión de los planes de gobierno y declaraciones de los principales candidatos con miras a las elecciones generales de 2026. Según el informe, cerca del 90% de los economistas también califica como riesgosas propuestas como el control de precios, la revisión generalizada de contratos-ley y la expansión de la actividad empresarial del Estado, medidas que históricamente han generado distorsiones en mercados emergentes. En particular, el documento señala que uno de los partidos con mayor intención de voto, Juntos por el Perú, concentra varias de las propuestas consideradas de mayor riesgo por los especialistas. Este dato introduce un elemento electoral relevante: las ideas económicas con mayor respaldo político no necesariamente coinciden con las recomendaciones técnicas predominantes. Desde el ámbito académico, Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, ha señalado en distintos foros que el incremento del gasto rígido “reduce la capacidad del Estado de reaccionar ante choques externos”, especialmente en economías abiertas como la peruana. En la misma línea, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, ha advertido que el uso de reservas internacionales para financiar gasto fiscal “compromete la estabilidad macroeconómica”, dado que estas cumplen un rol clave en la estabilidad del tipo de cambio. El informe del IPE coincide con estas posiciones al señalar que el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para financiar gasto fiscal resulta inadecuado, ya que su función principal, administrada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), es reducir la volatilidad cambiaria. El Perú, según el documento, dispone de mecanismos alternativos de financiamiento, lo que hace innecesario recurrir a estos recursos. Congreso y Ejecutivo bajo presión institucional El contexto inmediato de estas advertencias se ubica en las decisiones adoptadas en los últimos 30 a 90 días, marcadas por la aprobación de normas con alto impacto fiscal. Según el Consejo Fiscal, citado indirectamente en el informe, estas medidas reflejan un patrón de decisiones que comprometen la sostenibilidad de las cuentas públicas, en un entorno de creciente fragmentación política. En una perspectiva de mediano plazo, entre 2023 y 2025, el Perú ha experimentado una serie de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la política fiscal. La aprobación de retiros de fondos previsionales, bonos extraordinarios y subsidios generalizados ha incrementado el gasto público sin una fuente clara de financiamiento estructural, según análisis previos del Ministerio de Economía y Finanzas. A nivel histórico, en los últimos 10 años, el país ha transitado de una posición fiscal sólida —con superávit en algunos ejercicios previos a 2014— hacia un escenario de déficit recurrente, agravado por la pandemia de COVID-19 entre 2020 y 2022, cuando el déficit superó el 8% del PBI. Aunque posteriormente se redujo, las presiones actuales podrían revertir los avances logrados en consolidación fiscal. Desde el plano legislativo, estas tensiones afectan la capacidad de gobernar, ya que el Ejecutivo enfrenta limitaciones para vetar o modificar normas aprobadas por un Congreso fragmentado. En términos económicos, el aumento del gasto rígido podría traducirse en mayores niveles de endeudamiento, elevando el costo del financiamiento externo en un contexto de tasas de interés globales aún elevadas. Combustibles,
