La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida durante la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) impulsado en el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990.
En su fallo, el tribunal internacional concluyó que el programa estatal promovió esterilizaciones masivas sin consentimiento informado, dirigidas principalmente a mujeres en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Según la Corte, la política pública se ejecutó mediante mecanismos de presión, coerción y desinformación, lo que constituyó una grave violación de derechos humanos.
De acuerdo con el pronunciamiento, funcionarios del sistema de salud presionaban a las mujeres para que aceptaran procedimientos de anticoncepción definitiva, muchas veces bajo promesas de beneficios sociales o mediante advertencias sobre supuestos riesgos para su salud si no se sometían a la intervención.
El tribunal también señaló que estas prácticas no fueron hechos aislados, sino parte de una política organizada desde los niveles más altos del Estado.
“Esta Corte concluyó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fue una política estatal dirigida a promover la esterilización masiva, enfocada principalmente en mujeres en situación de vulnerabilidad”, indica el comunicado oficial del organismo internacional.
La sentencia sostiene que el Estado peruano incumplió su obligación de garantizar el consentimiento libre e informado en procedimientos médicos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
En el caso de Celia Ramos Durand, la Corte determinó que la intervención quirúrgica se realizó sin consentimiento válido y en condiciones que no garantizaban la seguridad médica necesaria. La mujer falleció posteriormente tras sufrir complicaciones derivadas del procedimiento.
Además, el tribunal constató que las denuncias presentadas por los familiares no fueron investigadas de manera adecuada por las autoridades nacionales. Durante años, la familia de la víctima tampoco recibió explicaciones claras sobre las causas de su fallecimiento ni sobre las responsabilidades médicas involucradas.
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