La Contraloría General de la República amplió la revisión de contratos y procesos logísticos vinculados a las elecciones generales, en medio de las investigaciones abiertas tras los problemas registrados durante la jornada electoral del 12 de abril. El organismo puso especial atención en el manejo de equipos, traslado de material y uso de dispositivos tecnológicos utilizados por la ONPE.
Las pesquisas se concentran en contratos relacionados con distribución de cédulas, almacenamiento de material electoral y transporte hacia locales de votación. Las fallas detectadas provocaron retrasos en instalación de mesas y dejaron miles de electores sin votar en Lima Sur y otros sectores del país.
El caso mantiene bajo presión al sistema electoral mientras el país se prepara para la segunda vuelta presidencial. La Fiscalía ya realiza diligencias paralelas para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en las contrataciones realizadas durante el proceso.
Especialistas en derecho electoral sostienen que el impacto político de las investigaciones dependerá de si aparecen evidencias de negligencia, incumplimiento contractual o decisiones adoptadas pese a advertencias técnicas previas.
La crisis también abrió debate sobre el papel de las empresas privadas encargadas de la logística electoral y sobre la capacidad del Estado para supervisar procesos críticos en jornadas nacionales.
La Contraloría deberá emitir nuevos informes durante las próximas semanas. El desafío será determinar si las fallas fueron resultado de errores operativos aislados o de problemas estructurales más profundos dentro de la organización electoral peruana.
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