En Cajamarca, alrededor de 250 mil personas carecen por completo de acceso a agua por red pública y solo el 12% de la población —aproximadamente uno de cada diez habitantes— cuenta con agua adecuada y clorada. La cifra está muy por debajo del promedio nacional del 42%, según el diagnóstico expuesto por Maylith Coronel, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), en declaraciones a la Red de Comunicación Regional (RCR).
La especialista señaló que cerrar estas brechas históricas es el reto prioritario de las próximas autoridades regionales y municipales de la región más pobre del país. Las deficiencias, precisó, no se limitan al recurso hídrico: también golpean la nutrición, la educación y la salud pública.
Desnutrición y educación rural, los otros frentes críticos
De acuerdo con el diagnóstico de Coronel, la desnutrición crónica afecta a casi dos de cada diez niños menores de cinco años en Cajamarca, lo que representa la quinta tasa más alta del país. La precariedad en agua y saneamiento guarda, según la economista, un vínculo directo con ese panorama alimentario.
El escenario educativo es igualmente crítico, con el ámbito rural como el sector más golpeado. En la región, seis de cada diez locales escolares necesitan ser demolidos y reconstruidos urgentemente por representar un peligro real de colapso. Esa brecha del 60% supera el promedio nacional de colegios en mal estado (49%) y ubica a Cajamarca por encima de regiones vecinas como La Libertad, Áncash o Cusco. La deficiencia expone a cerca de 125 mil estudiantes que diariamente reciben clases en instalaciones en alto riesgo.
Salud de primer nivel, sin condiciones mínimas
El 96% de los establecimientos de atención primaria no cuenta con una infraestructura e instalación adecuada, y carece de insumos esenciales como camillas o instrumentos básicos para suturas y curaciones. A ello se suma un déficit de infraestructura sanitaria: se estima que faltan al menos 72 establecimientos de salud para cubrir de manera óptima la demanda de la población cajamarquina.
Para revertir esta situación multisectorial, Coronel enfatizó que no basta con el esfuerzo aislado de los gobiernos subnacionales, sino que se requiere un trabajo articulado entre las distintas instancias del Estado. En el sector educativo, planteó priorizar la reconstrucción inmediata de los colegios en mayor peligro y coordinar estrechamente con las UGEL para acompañar las obras de infraestructura con procesos continuos de supervisión y capacitación docente.
El diagnóstico de la economista del IPE deja así un mensaje para las próximas gestiones regionales y municipales: cerrar las brechas en agua, saneamiento, educación y salud exigirá coordinación entre niveles de gobierno y no solo esfuerzos aislados.
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