El asesinato de Julio Rodríguez, capitán —máxima autoridad de comunidad o pueblo— del pueblo indígena jivi ekunay, puso en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan los pueblos originarios en las zonas mineras del sur de Venezuela. Rodríguez fue secuestrado el 2 de agosto y hallado muerto días después en el estado Bolívar, sin que hasta la fecha se haya esclarecido quiénes fueron los autores del crimen.
El hecho ocurrió en una región con intensa actividad minera, en su mayoría ilegal, que forma parte del Arco Minero del Orinoco, área creada por el presidente Nicolás Maduro y con fuerte presencia de grupos armados. "Es un territorio donde se explota el oro, pero también el estaño y el coltán. Y está cerca a la comunidad donde Julio Rodríguez ejercía como capitán", señaló el antropólogo Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de los derechos indígenas en Venezuela.
La dimensión del fenómeno armado
Según un informe de SOS Orinoco publicado en julio de 2026, al menos 26 grupos armados operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Esequibo, este último zona en disputa con Guyana. El reporte precisa que estos grupos están presentes en 20 de los 21 municipios de esa zona y que Bolívar constituye "el principal núcleo de actividad criminal, concentrando la mayor cantidad de grupos armados".
La investigación describe que estas estructuras actúan "como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio". En los lugares donde operan, señala el documento, "predominan los mecanismos de control territorial, administración informal de justicia, extorsión sistemática, control de corredores fluviales y fronterizos, regulación de la actividad minera y provisión de servicios básicos a comunidades donde la presencia estatal es débil o inexistente".
El informe también apunta a "la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas". Entre las actividades que estos grupos realizan, el documento menciona el cobro de "vacunas" —extorsión—, la regulación de la vida cotidiana, la "administración de justicia" en las minas y tareas que corresponden a las instituciones del Estado, como el pago de salarios a maestros y médicos, e incluso la repartición de alimentos y medicinas.
El testimonio ante la CIDH
La lideresa indígena del pueblo pemón y defensora ambiental Lisa Henrito presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 196 período de sesiones realizado en agosto, un panorama de la violencia que enfrentan las comunidades indígenas en Bolívar. "Como indígenas que vivimos dentro del Arco Minero podemos decir que nada ha cambiado desde el 3 de enero, específicamente en las zonas mineras del sur del estado de Bolívar, municipio de Sifontes, mientras aumenta la contaminación por mercurio en los principales ríos como Cuyuni, Yuruari, Chicanán, afectando la salud materna de las mujeres y de los niños", declaró.
Henrito también alertó sobre "el consumo de estupefacientes por parte de menores de edad en las comunidades" y mencionó que "desde diciembre de 2025 hasta esta fecha se han registrado varios y diversos tipos de crímenes de los cuales resaltan tres por la crueldad con la que fueron ejecutados", sin que la extracción factual precise detalles sobre esos casos. La lideresa describió además conflictos internos: "Hay conflictos entre los propios pueblos indígenas, entre quienes defienden los valores ancestrales frente a quienes apuestan por la minería como único mecanismo de subsistencia, situación que conviene al sistema de gobernanza criminal que reina en nuestra zona y al gobierno de turno".
Durante la audiencia, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, informó que el Estado venezolano no respondió ni participó pese a haber sido convocado. Palummo señaló que continuará monitoreando la situación en el país.
Décadas de crímenes sin esclarecer
Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), sostuvo que la violencia contra los pueblos indígenas no es reciente. "Desde 2010 tenemos más de 40 crímenes de personas indígenas pertenecientes a los pueblos pemón, warao, jivi, yanomami, piaroa y wayúu que han sido asesinados por las fuerzas públicas o actores no estatales", afirmó.
Murillo advirtió además sobre las condiciones de vida en esas comunidades. "Hay muy poca presencia del Estado venezolano. No hay contacto permanente. Son comunidades que además padecen falta de medicamentos y alimento, se ha trastocado absolutamente sus modos de subsistencia. El caso de Julio es el espejo de una crisis más profunda que se ha venido acelerando y que no habíamos calculado", agregó.
Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, señaló que documentar estos hechos es especialmente difícil. "Han habido ejecuciones, desapariciones, reclutamientos forzados, desplazamiento masivo de comunidades indígenas y todo esto operando con la anuencia de las autoridades civiles y militares de Venezuela", declaró. Burelli explicó que el temor impide que las personas denuncien lo que ocurre, por lo que "se quedan callados", y que solo trascienden los crímenes "muy visibles", como el de Virgilio Trujillo, del pueblo indígena uwottuja, asesinado en 2022 tras oponerse a la minería ilegal y a la presencia de grupos armados en su territorio.
Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas información sobre las acciones realizadas para la protección de los pueblos indígenas en las zonas mineras con presencia del crimen organizado, pero hasta el cierre de la nota no había recibido respuesta.
El caso de Julio Rodríguez permanece sin esclarecer. La extracción factual no precisa si existe una investigación fiscal en curso, si se han identificado sospechosos ni qué diligencias se han practicado para determinar las circunstancias de su secuestro y posterior muerte.
Comentarios
Comparte tu opinión de manera respetuosa.
Inicia sesión para dejar un comentario.