El Gobierno de México trabaja en una estrategia para evitar la violencia contra candidatos durante el proceso electoral de 2027, en el que se elegirán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, casi todos los congresos locales y más de 2.000 alcaldías y presidencias municipales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes, durante su conferencia de prensa diaria en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, que se diseña un plan para identificar las zonas de mayor riesgo en el país.
"Se está trabajando en un diseño para ver dónde puede haber mayor riesgo en el país y dónde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional", declaró la mandataria, según reportes de la conferencia.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que se mantienen mesas de coordinación con las instituciones de seguridad para establecer una metodología que permita a los partidos presentar un listado de candidatos y someterlo a un análisis de riesgo.
"Estamos manteniendo mesas de coordinación con todas las instituciones de seguridad para trabajar en una metodología que nos permita tener un mecanismo para que los partidos políticos presenten un listado de sus candidatos y se pueda hacer un análisis de riesgo", explicó Alcalde.
El mecanismo de verificación de candidaturas
De acuerdo con la explicación de la consejera jurídica, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de enviar los nombres de los aspirantes a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional Bancaria y el Centro Nacional de Inteligencia. Estas instancias emitirán un dictamen sobre si existe o no un riesgo razonable.
La presentación de los aspirantes será voluntaria y serán los propios partidos quienes decidan si mantienen a sus candidatos, precisó Alcalde.
La consejera remarcó que no se tomará en cuenta información de Estados Unidos para este análisis, y la presidenta apuntó que dará igual si los aspirantes cuentan con visado para ingresar al país vecino. El Gobierno estadounidense ha retirado permisos migratorios a un número significativo de políticos de Morena, incluyendo gobernadores, alcaldes y candidatos, según información publicada por El País Internacional.
Esta semana, Arturo Chávez, presidente de la nueva comisión del INE encargada de verificar la integridad de las candidaturas, advirtió que "la delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista".
El llamado a evitar descalificaciones
En paralelo, Sheinbaum pidió este jueves a los partidos políticos y a quienes participen como candidatos cumplir con la ley y evitar las denostaciones durante el proceso electoral, al tiempo que llamó a sustituir los ataques por una confrontación de proyectos y propuestas.
"Que cumplan la ley, que no haya denostaciones", fue el llamado de la mandataria, de acuerdo con reportes difundidos este jueves sobre sus declaraciones.
La presidenta sostuvo que la discusión electoral debe centrarse en los proyectos que cada partido y candidato ofrece al país, y diferenció la confrontación política propia de una democracia de la descalificación personal.
El llamado ocurre cuando el 10 de septiembre comenzó formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, que culminará con las elecciones del 6 de junio de 2027. El INE tiene a su cargo la organización de los comicios federales, en coordinación con los organismos electorales locales.
Una elección de gran dimensión
El proceso contempla la elección de 500 diputaciones federales, mientras que los procesos locales concurrentes en las 32 entidades federativas incluyen la renovación de 19.609 cargos de elección popular, según informó el INE.
La autoridad electoral prevé una elección de gran complejidad logística. En documentos discutidos previamente por el Consejo General se estimó una lista nominal superior a 102 millones de ciudadanos y alrededor de 176.000 casillas, además de una estructura de capacitación y fiscalización para las distintas candidaturas.
El INE también tendrá que atender quejas y denuncias relacionadas con actos anticipados, propaganda electoral, fiscalización y violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otros procedimientos.
La violencia política en procesos anteriores
La planeación del Gobierno responde a un fenómeno recurrente en los procesos electorales mexicanos. En las elecciones de 2024, que llevaron a Sheinbaum al poder, se registraron 40 candidatos asesinados, de acuerdo con un recuento publicado por la organización Data Cívica, principalmente a nivel de alcaldías y municipalidades, concentrados en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas.
Para las elecciones generales de 2018, el recuento fue de 48 homicidios de precandidatos y candidatos, más otras 500 agresiones e intimidaciones. En el proceso de 2021, el caso más grave fue el de la votación a gobernador de Sinaloa, cuando varios operadores electorales fueron secuestrados, apaleados y amenazados por delincuentes. Estos hechos son una pieza central en la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el político de Morena que ganó estos comicios.
Un informe de Integralia documentó que en el proceso electoral 2021 se reportaron 239 incidentes de violencia política. Sin elecciones de por medio, 2025 registró 382 casos de violencia política, el segundo nivel más alto desde 2018, con un incremento de 383,5% frente a 2019, lo que sugiere que la violencia política se ha desvinculado parcialmente de los ciclos electorales, según el análisis.
Datos del Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) indican que, para el momento en que los votantes eligieron a Sheinbaum, los observadores electorales habían registrado más de 129 eventos de violencia política contra oficiales desde el inicio de las campañas en septiembre de 2023. La escala incluyó 102 asesinatos políticos, así como secuestros, desapariciones forzadas, intentos de asesinato y ataques contra familiares, personal de campaña e infraestructura oficial.
El Laboratorio Electoral registró 145 asesinatos políticamente motivados de personas vinculadas al proceso electoral durante las elecciones presidenciales de 2018 y 88 durante las elecciones a gobernador de 2021. Cinco estados —Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz— concentraron la mitad de los actos de violencia relacionados con las elecciones registrados por ACLED.
Desde las elecciones de 2021, la oposición ha denunciado que esta injerencia criminal acostumbra beneficiar a Morena y sus aliados, tanto en Sinaloa como en Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
El proceso electoral federal 2026-2027 ya está en marcha y el INE deberá coordinar con los organismos locales la organización de los comicios del 6 de junio de 2027, mientras el Gobierno diseña el mecanismo de análisis de riesgo para las candidaturas.
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