Estados Unidos canceló visas a jueces, altos funcionarios y empresarios de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos, según el comunicado del Departamento de Estado difundido este lunes.
Entre los sancionados figuran magistrados de la Corte Suprema, altos cargos policiales, fiscales y un empresario de Bolivia; un empresario y una senadora de Colombia, y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, de acuerdo con el mismo documento oficial.
La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el Departamento de Estado.
El alcance de la medida en la región
El comunicado oficial precisa que la política "restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región".
"Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos", aseguró el texto oficial.
El Departamento de Estado agregó que "socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado".
En el caso de Ecuador, el comunicado no menciona los nombres de las personas a las que se revoca el visado. Señala únicamente que se impusieron "restricciones de visado a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias", sin especificar si se trata de empresarios o funcionarios públicos.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que la cartera está "dando pasos para imponer restricciones de visado a actores corruptos en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que socavan gobiernos elegidos democráticamente".
Los nombres divulgados en Colombia
Según el comunicado del Departamento de Estado, en Colombia los sancionados son Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública, y Martha Isabel Peralta, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).
De acuerdo con el reporte de Radio Guatapurí, la medida también cubre a sus familiares directos y Washington la presentó como la primera aplicación en Colombia de una política regional que el mismo día alcanzó a ciudadanos de Bolivia, Ecuador y Perú.
El Departamento de Estado apoyó la decisión en una disposición de la ley migratoria estadounidense que permite negar el ingreso cuando la presencia de un extranjero tenga consecuencias graves para la política exterior de ese país. Hasta ahora no se ha difundido un expediente individual con pruebas específicas de cada caso.
Los procesos que enfrentan en Colombia
Peralta enfrenta en su país una investigación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio en el escándalo de la UNGRD. En junio de este año fue conducida a indagatoria, permaneció varios días privada de la libertad y, al recobrarla, firmó el compromiso de no salir del país sin autorización del despacho.
Torres, por su parte, ha sido descrito en investigaciones periodísticas como contratista con negocios de tránsito (Sicov), alumbrado y energía, cercano al entorno del expresidente Gustavo Petro; su nombre apareció en el expediente de financiación de la campaña de 2022 y en declaraciones del caso de Nicolás Petro, señalamientos que el empresario ha negado de forma reiterada.
La cancelación no es un juicio penal ni una condena: es un acto administrativo discrecional. En el caso de Peralta, ya tenía restringida la salida del territorio por orden de la Corte Suprema, de modo que el efecto inmediato de la visa es más simbólico y diplomático que operativo. En el caso de Torres y de sus familiares, la sanción familiar amplía el alcance más allá del titular.
La alianza Escudo de las Américas
Los cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar "medidas colectivas".
El anuncio ocurre apenas unas semanas después de la gira de Marco Rubio por América Latina, según reportó la prensa regional.
El gobierno boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente. Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida y tensa campaña.
Qué se sabe y qué falta
Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha difundido un expediente individual con las pruebas específicas que sustenten cada caso, según la información disponible. Tampoco ha precisado qué hechos concretos de corrupción o de narcotráfico atribuye a cada uno de los sancionados.
La medida no resuelve los procesos internos en los países afectados: en Colombia, la Corte Suprema sigue con el caso de Peralta y las investigaciones periodísticas sobre los contratos de Torres continúan siendo materia de debate público.
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