Siete operativos simultáneos contra la minería ilegal ejecutaron las Fuerzas Armadas y la Policía de Ecuador en las provincias andinas de Azuay, Carchi e Imbabura y en la amazónica Morona Santiago. Las intervenciones dejaron una afectación económica estimada en US$ 1.83 millones para las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad, según informó el Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la cartera de Estado, las acciones permitieron desmantelar campamentos, bocaminas —entradas de minas— y otros puntos usados para sostener la extracción ilegal de minerales. Además, se inutilizó maquinaria, combustible, materiales y herramientas empleadas en estas actividades.
"El oro debe generar oportunidades para la gente, no millones para las mafias", detalló el Ministerio.
Una ofensiva que se intensificó tras la emboscada de 2025
Durante el último año, Ecuador intensificó los operativos contra la minería ilegal, especialmente después de que once militares fueran asesinados en mayo de 2025 en una emboscada en la Amazonia, durante una operación contra grupos dedicados a esta actividad.
El Gobierno atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a los que también vincula con organizaciones locales como Los Lobos, la banda delincuencial más grande de Ecuador.
Los grupos que se dedican a la minería ilegal también han ingresado a zonas protegidas en busca de oro, negocio al que se han abocado al aprovechar los máximos históricos que registra este metal a nivel internacional, con un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio.
Los focos de la ofensiva y el balance del año
Desde septiembre de 2025, la Agencia de Regulación y Control Minero ha realizado al menos 50 operativos contra la minería ilegal, la mayoría en el sur del país, en Morona Santiago y Azuay, según reportó Primicias.
Entre el 14 y el 19 de octubre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa emprendió una campaña no vista antes contra esta actividad: las Fuerzas Armadas bombardearon desde el aire la zona de La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, destruyendo campamentos y unas 700 bocaminas. Según el Gobierno, el atentado con un carro bomba en el norte de Guayaquil fue una represalia de Los Lobos por el primer bombardeo en ese sector.
Para el 19 de octubre de 2025, tras el último bombardeo, el Gobierno informó que se retomó el control en la zona. En ese entonces, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó: "Sepan que en el sector de Buenos Aires ya se terminó la minería ilegal, porque la presencia de Fuerzas Armadas va a ser permanente de ahora en adelante".
La intervención estatal más importante previa en La Merced de Buenos Aires había sido el operativo Amanecer Radiante, de julio de 2019, cuando ingresaron 1.200 policías y 1.200 militares, más un equipo de 20 fiscales. En ese momento fueron desalojadas alrededor de 2.500 personas de lo que se había convertido en una mini ciudad dedicada a la minería ilegal.
El impacto acumulado y las investigaciones en curso
El Gobierno de Ecuador calcula en USD 4.659 millones la afectación económica provocada a organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal durante los primeros nueve meses de 2026, según un balance de operaciones ejecutadas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre.
Los datos oficiales contabilizan 1.119 campamentos destruidos y 1.748 bocaminas inhabilitadas. Las operaciones también permitieron inutilizar 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas. Además, las autoridades reportaron el decomiso de 54.954 sacos de material relacionado con la actividad minera.
Sin embargo, los USD 4.659 millones no corresponden a dinero incautado por el Estado. Se trata de una estimación oficial de la afectación económica causada a las organizaciones dedicadas a la minería ilegal. La información pública difundida por las autoridades no detalla una metodología que permita determinar cuánto corresponde específicamente a maquinaria destruida, producción interrumpida, material decomisado o ingresos que las organizaciones dejarían de obtener.
Uno de los principales focos de las operaciones es Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, donde las autoridades han detectado estructuras vinculadas con la explotación y comercialización ilegal de oro. En agosto, Policía, Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero localizaron tres bocaminas y decomisaron cerca de dos toneladas de material mineralizado.
En ese cantón también avanza una investigación de la Fiscalía por presunto lavado de activos que involucra al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez y otras cinco personas. Según el Ministerio Público, la investigación detectó movimientos financieros superiores a USD 9 millones que no tendrían justificación económica y que estarían relacionados con actividades de minería ilegal y comercialización de oro.
En abril de 2026, las Fuerzas Armadas ejecutaron otro operativo en el cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, donde militares del Ejército inhabilitaron e incineraron tres dragas, tres motores, tres mangueras de succión y combustible en el sector El Arenal, según informó el Ministerio de Defensa.
La ofensiva también ha recibido apoyo externo. En septiembre de 2026, Ecuador recibió apoyo operativo de Estados Unidos para las acciones en la Amazonía. Dos aeronaves MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines estadounidense llegaron a la Base Aérea de Taura y una de ellas fue empleada posteriormente en operaciones en Alto Punino.
El estado actual de la investigación tras los siete operativos simultáneos no fue precisado por las autoridades. El Ministerio de Defensa no detalló si se produjeron detenciones ni qué autoridades fiscales asumieron las diligencias derivadas de las intervenciones.
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