Diez países condenan plan de Ortega contra elecciones libres en Nicaragua

Diez países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron este martes la intención del Gobierno de Daniel Ortega de eliminar la competencia electoral genuina y restringir el pluralismo político en Nicaragua. Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay expresaron, mediante una declaración conjunta, su “profunda preocupación” por los recientes anuncios del mandatario nicaragüense y de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. La controversia se agudizó después de que Ortega afirmara, el pasado 20 de julio, que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. Posteriormente, el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, aseguró que sí se realizarán comicios, aunque anticipó reformas destinadas a impedir la participación de sectores calificados por el Gobierno como “golpistas” o “traidores de la patria”. Los diez países advirtieron que un proceso sin competencia política real no puede representar de forma libre y democrática la voluntad popular. Asimismo, sostuvieron que cualquier modificación constitucional, legislativa o administrativa orientada a excluir a opositores vulneraría los derechos políticos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El pronunciamiento también recordó que la democracia representativa exige elecciones multipartidistas auténticas, respeto a las libertades fundamentales y condiciones de igualdad para votar, postularse y participar en los asuntos públicos. Los firmantes pidieron a Managua cumplir sus obligaciones internacionales y anunciaron que seguirán de cerca las decisiones adoptadas. La declaración fue difundida antes de que el Consejo Permanente de la OEA analice la crisis política nicaragüense. Aunque Nicaragua abandonó formalmente el organismo en noviembre de 2023, su situación continúa generando preocupación regional por las denuncias de persecución contra opositores, debilitamiento institucional y concentración del poder en Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno nicaragüense no había emitido una respuesta pública al nuevo pronunciamiento diplomático.