CPI y ONU rechazan sanciones estadounidenses contra altos funcionarios del tribunal

Las medidas alcanzan a la presidenta Tomoko Akane y al abogado Abdoulaye Seye, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. La Corte Penal Internacional (CPI) y Naciones Unidas rechazaron las sanciones de Estados Unidos contra dos funcionarios del tribunal, al considerar que vulneran la independencia judicial y amenazan el orden jurídico internacional. Las medidas, anunciadas el 18 de agosto, afectan a la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, y a Abdoulaye Seye, abogado principal de litigios de la Fiscalía. Su inclusión en la lista estadounidense de sancionados bloquea sus bienes bajo jurisdicción de Estados Unidos y restringe su acceso al sistema financiero. La CPI calificó la decisión como un “ataque flagrante” contra su independencia. Advirtió que amenazar a quienes aplican la ley pone en riesgo el sistema jurídico internacional y dificulta que las víctimas de crímenes graves accedan a la justicia. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” las sanciones y pidió su levantamiento. También instó a los Estados a defender las instituciones de derechos humanos y proteger a los funcionarios judiciales de represalias. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su preocupación por la medida. Washington sostiene que ambos actuaron contra funcionarios de países que no reconocen la jurisdicción de la CPI. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que esas investigaciones representan un precedente peligroso. Japón calificó la decisión como “muy desafortunada”, mientras Países Bajos, sede del tribunal, manifestó su rechazo. La CPI aseguró que continuará cumpliendo su mandato conforme al Estatuto de Roma y defendiendo la rendición de cuentas por los crímenes internacionales más graves.