En las selvas del Huallaga, entre Ucayali y Huánuco, la vida de muchas mujeres pende de un hilo. No por enfermedad ni por pobreza —que también las golpean— sino porque han decidido resistir. Defender la tierra, los bosques, el agua y la vida misma en una región sin Estado, sin justicia y sin garantías mínimas de existencia.
Carla Limas, regidora y lideresa en esta zona olvidada, lo dice sin rodeos: “Nos están matando poco a poco. No con balas a todas, pero sí con miedo, con amenazas, con el abandono.” La suya no es una denuncia aislada. Es el grito contenido de decenas de comunidades que han visto cómo sus dirigentes han sido asesinados y cómo las mafias que operan en la tala ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal se han adueñado de los territorios sin encontrar resistencia alguna… salvo la de las mujeres.
Entre 2020 y 2024, al menos seis líderes comunales fueron asesinados en la zona del Huallaga. Todos ellos habían denunciado invasiones ilegales, deforestación o actividades ilícitas en territorios indígenas. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido. Nadie ha sido condenado. Las comunidades han quedado huérfanas de liderazgo masculino. En su lugar, han surgido mujeres que, a pesar de la amenaza constante, se organizan, protestan, gestionan, claman ayuda.
Pero pelean solas. Sin policías, sin fiscales, sin presupuesto. Y en muchos casos, sin sus compañeros, muertos por ejercer su derecho a la defensa.
La línea fronteriza entre Ucayali y Huánuco no existe en los hechos. Es tierra de nadie. No hay infraestructura, no hay escuelas, no hay salud. Y mucho menos hay presencia del Estado para frenar el avance del crimen organizado. Son las mujeres quienes exigen recursos para caminos, postas médicas, puentes o colegios. Pero sus voces se pierden entre el ruido del extractivismo y la indiferencia oficial.
Aisladas, muchas viven en condiciones precarias, cuidando solas a sus hijos y resistiendo la amenaza constante de ser las próximas víctimas. No hay logística policial. No hay protección. No hay justicia.
Lo que está ocurriendo en la selva del Huallaga no es solo un problema ambiental o de seguridad. Es una tragedia humana que golpea con particular crudeza a las mujeres que decidieron no callar. Las que han decidido no ceder su territorio. Las que entienden que si ellas no luchan, nadie lo hará.
El Perú no puede seguir mirando hacia otro lado. La impunidad no puede ser la norma en territorios donde la vida vale menos que un árbol talado o una hectárea sembrada de coca. Las mujeres del Huallaga no solo merecen respeto: merecen protección, justicia y un Estado que no las deje solas ante el crimen y el miedo.
