Un reciente reportaje revelado por Punto Final ha generado una ola de críticas hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior, encabezado por Juan José Santiváñez. Según la investigación, armas incautadas que debieron ser entregadas a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) habrían regresado al circuito criminal, siendo presuntamente vendidas a delincuentes. El ministro Santiváñez, en una entrevista con Mónica Delta, admitió la existencia de malos elementos dentro de la PNP responsables de esta grave irregularidad.
Según el informe de Eva Palomino para Infobae, Santiváñez declaró que ya se han iniciado investigaciones administrativas para identificar a los responsables. “Esas armas no se pueden quedar en custodia de la PNP. Significa que hay malos efectivos que se la quedaron en custodia, y hay que determinarlos”, afirmó el ministro, quien además aseguró que se formularán las denuncias penales correspondientes una vez se establezcan las responsabilidades.
Armas incautadas en manos criminales: un problema institucional
El hallazgo de que armas incautadas puedan terminar en manos de delincuentes no solo es un golpe para la imagen de la PNP, sino también un reflejo de fallos estructurales en la gestión de las fuerzas de seguridad. Según Santiváñez, estas armas ya habían sido peritadas y debían haber sido entregadas a la Sucamec, lo que indica una clara violación de los protocolos establecidos.
“Esto no puede pasar y lo que tenemos que hacer es generar una reacción inmediata para saber qué policías no están cumpliendo los protocolos”, subrayó el ministro.
Expertos en seguridad consultados por Infobae sostienen que estas irregularidades no solo comprometen la lucha contra la delincuencia, sino que también debilitan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerlos. La percepción de impunidad y corrupción dentro de la PNP podría desencadenar un mayor escepticismo hacia las denuncias y la cooperación ciudadana.
Implicancias de un sistema vulnerable
El hecho de que armas destinadas a ser destruidas o supervisadas por la Sucamec terminen nuevamente en el circuito criminal tiene consecuencias devastadoras. Estas armas no solo alimentan la violencia en las calles, sino que también pueden estar involucradas en asesinatos, robos y extorsiones.
Para Santiváñez, la responsabilidad recae directamente en aquellos efectivos que incumplen sus deberes. Sin embargo, su reconocimiento de la existencia de “malos efectivos” ha sido criticado como una respuesta insuficiente. Diversos analistas señalan que el problema no es solo de individuos, sino de un sistema que permite que estas prácticas ocurran.
El informe de Palomino para Infobae menciona que el Ministerio del Interior debe reforzar los controles internos y la supervisión de las armas incautadas, así como establecer sanciones más severas para quienes violen los protocolos.
Los casos de Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón: ¿distracciones en la agenda?
Durante la misma entrevista, Santiváñez fue cuestionado sobre otros casos que han captado la atención mediática, como la orden de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y la situación de Vladimir Cerrón, prófugo desde hace más de un año. En ambos casos, el ministro evitó profundizar, limitándose a señalar que la PNP continúa realizando operativos y cumpliendo con las órdenes judiciales.
“La instrucción de la presidenta siempre ha sido priorizar la captura de Vladimir Cerrón”, afirmó.
Estas declaraciones, aunque importantes, han sido vistas como intentos de desviar la atención de las graves irregularidades al interior de la PNP. Para muchos, el problema de las armas incautadas representa una amenaza más inmediata para la seguridad pública.
Corrupción en la PNP: ¿un problema crónico?
La revelación de armas desviadas no es un caso aislado en el historial de escándalos relacionados con la PNP. Según informes anteriores, la corrupción dentro de la institución es un problema recurrente que dificulta la efectividad en la lucha contra el crimen organizado.
“Mientras haya fisuras dentro de la PNP, cualquier esfuerzo por combatir la delincuencia será insuficiente”, opinó un experto en seguridad para Infobae.
Este problema subraya la necesidad de una reforma integral que no solo aborde las prácticas corruptas, sino que también fortalezca los mecanismos de supervisión y control.
Hacia una solución estructural
El reconocimiento de Santiváñez sobre las irregularidades en la custodia de armas es solo el primer paso. La ciudadanía espera acciones concretas que restauren la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.
La lucha contra el crimen organizado no puede depender únicamente de capturas y operativos. Es fundamental atacar las raíces del problema, incluyendo la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Como señaló Eva Palomino en su informe para Infobae, las investigaciones en curso deben ser transparentes y los culpables sancionados con todo el peso de la ley.
Solo con un compromiso real por parte del Ministerio del Interior y una reforma profunda de la PNP será posible garantizar que casos como este no se repitan, y que la población pueda sentirse verdaderamente protegida.
