Ministro Santivañez: “¿Qué quieres que haga la PNP?”

El asesinato de un chofer de la empresa de transporte público ‘El Rápido’ el pasado viernes 22 de noviembre en San Juan de Miraflores ha puesto nuevamente en el centro del debate la creciente inseguridad en el Perú. Este trágico hecho, que ocurrió en plena jornada laboral, desencadenó una serie de declaraciones por parte del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien ha sido duramente criticado por su postura durante una entrevista en el programa Punto Final. Según el informe de Mauricio Muñoz para Infobae, el titular del Interior atribuyó parte de la responsabilidad al dueño de la empresa por no colaborar con las autoridades en una investigación previa sobre extorsión.

¿De quién es la responsabilidad?

En su diálogo con la periodista Mónica Delta, el ministro Santiváñez subrayó que el propietario de la empresa ‘El Rápido’ fue citado en varias ocasiones para reafirmar una denuncia presentada en diciembre de 2023 por extorsión, pero nunca se presentó. Según Santiváñez, este hecho dificultó el avance de las investigaciones:

“Acá el señor no fue, y aquí están las actas. Nunca prestó su declaración en reiteradas ocasiones. (…) Frente a esto, ¿qué quieres que haga la policía?”, expresó el ministro.

El comentario, lejos de calmar los ánimos, despertó indignación en varios sectores de la opinión pública, que consideran inadmisible que un representante del gobierno desplace la responsabilidad hacia terceros en un caso que terminó con la pérdida de una vida.

De acuerdo con el informe de Muñoz, la denuncia inicial se presentó el 12 de diciembre de 2023, y para abril de 2024 el caso fue declarado como complejo, pero la falta de cooperación del empresario complicó las diligencias. No obstante, críticos señalan que esto no exime a las autoridades de su responsabilidad en garantizar la seguridad ciudadana.

Extorsión y una polémica respuesta

En el mismo espacio, Mónica Delta cuestionó al ministro sobre la efectividad de las medidas implementadas para reducir los índices de extorsión, señalando que la reducción había sido de apenas un 4 % a pesar de los estados de emergencia decretados en varias regiones del país. La reacción de Santiváñez fue inmediata y directa:

“Pero ha bajado”.

Este comentario fue interpretado como una muestra de insensibilidad, considerando el contexto de creciente violencia en el país. Si bien el ministro intentó matizar su respuesta posteriormente, destacando que el 85 % de las 716 denuncias recibidas durante el estado de emergencia habían sido resueltas, el daño ya estaba hecho. La ciudadanía percibió su actitud como una desconexión con la gravedad del problema.

La inseguridad en aumento

El asesinato del chofer de ‘El Rápido’ no es un caso aislado. En los últimos meses, las extorsiones, los homicidios y otros delitos violentos han ido en aumento, generando una sensación de desprotección en la población. Según expertos, el problema no radica únicamente en la falta de denuncias, como señaló el ministro, sino también en la debilidad de las instituciones encargadas de prevenir y combatir el crimen organizado.

Las críticas hacia el gobierno y las fuerzas de seguridad no se limitan a este caso. El informe de Infobae destaca que la percepción de inseguridad se ha intensificado debido a la falta de resultados visibles y a respuestas que, como las de Santiváñez, parecen minimizar la magnitud del problema.

¿Es suficiente el enfoque actual?

Para enfrentar el delito de extorsión, el ministro sugirió que los ciudadanos deben dejar de pagar a los extorsionadores y colaborar activamente con las denuncias. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por especialistas en seguridad, quienes argumentan que depositar la responsabilidad en los ciudadanos es insuficiente. En cambio, insisten en la necesidad de una estrategia integral que incluya mayor inversión en inteligencia policial, protección a denunciantes y sanciones efectivas contra los responsables.

Además, señalan que la falta de empatía en las declaraciones oficiales afecta la confianza en las autoridades. “Cuando un ciudadano siente que está solo frente al crimen organizado, es menos probable que denuncie”, advierte un analista consultado para el informe.

El reto de recuperar la confianza ciudadana

Las declaraciones del ministro Santiváñez en Punto Final han encendido un debate sobre la capacidad del gobierno para abordar la crisis de seguridad. Si bien los datos presentados sobre la resolución de denuncias son un avance, no son suficientes para revertir la sensación de inseguridad generalizada.

En un contexto en el que las extorsiones y los asesinatos se convierten en parte de la cotidianidad, los peruanos esperan más que explicaciones evasivas de sus autoridades. Se necesita una respuesta clara, contundente y coordinada entre todas las instituciones para enfrentar este desafío. Como señaló el informe de Infobae, las palabras del ministro no solo reflejan un problema de comunicación, sino también una desconexión con las demandas de una ciudadanía que clama por seguridad y justicia.