A solo unos días de su promulgación, la Ley N°32108, impulsada por el Congreso, ya está mostrando efectos perjudiciales en la lucha contra el crimen organizado en Perú. Esta legislación ha permitido la liberación de individuos involucrados en redes criminales, ha provocado retrasos en operativos policiales y ha generado incertidumbre en el sistema judicial.
Desde su entrada en vigor el pasado 9 de agosto, la Ley N°32108 ha debilitado significativamente los esfuerzos contra las organizaciones criminales. Un ejemplo reciente es la liberación de siete personas presuntamente vinculadas a “Los Ruteros del Norte”, una red dedicada al tráfico de migrantes en las fronteras de Madre de Dios y Tumbes. La nueva legislación obligó a la Primera Sala Penal de Apelaciones a ordenar su libertad inmediata, basándose en que la pena máxima para el delito imputado no supera los seis años, lo que no encaja con las nuevas disposiciones de la ley.
Este no es un caso aislado. La incertidumbre generada por la Ley N°32108 también afectó la capacidad operativa en los megaoperativos recientes contra las organizaciones “Los Z de Sayán” y “Dandi Express”. En ambos casos, los operativos se retrasaron debido a la nueva exigencia de que los inmuebles allanados no pueden ser registrados sin la presencia de un abogado defensor, lo que da tiempo a los delincuentes para ocultar pruebas incriminatorias.
Además de estas preocupaciones operativas, la ley introduce definiciones ambiguas y restringe la categorización de organizaciones criminales solo a aquellas con penas superiores a seis años, lo que excluye delitos graves como el tráfico ilícito de migrantes. Esto no solo dificulta la aplicación de la justicia, sino que también socava la confianza en el sistema legal.
