La Ley N° 32108, aprobada por el Congreso peruano, ha generado un intenso debate, no solo por su impacto en la lucha contra la criminalidad, sino también por los beneficios que podría otorgar a varios partidos políticos actualmente investigados por delitos graves. Esta normativa, que exige la presencia obligatoria de un abogado durante allanamientos y registros, ha sido señalada por críticos como una herramienta que protege a figuras vinculadas a delitos de lavado de activos y financiamiento ilícito.
Partidos políticos investigados que se verían beneficiados
La controversia gira en torno a los partidos que podrían ser favorecidos por la Ley N° 32108, ya que las exigencias establecidas dificultarían las investigaciones judiciales en curso. Entre los partidos más destacados están:
- Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, actualmente bajo investigación por presunto lavado de activos relacionado con las elecciones generales de 2021. Fujimori enfrenta serias acusaciones de financiamiento ilícito, y la ley podría ofrecer una protección adicional en los procedimientos judiciales.
- Perú Libre, otro de los partidos con representación en el Congreso, enfrenta investigaciones por presunto financiamiento ilegal vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro”. Este caso involucra la supuesta participación de funcionarios públicos y aportantes no declarados durante la campaña electoral de 2021.
- Podemos Perú, cuyo líder, José Luna Gálvez, está siendo investigado por la presunta falsificación de firmas y documentos en su inscripción ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este partido podría también beneficiarse de la ley al dificultar las intervenciones judiciales.
- Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, enfrenta cargos por presunta asociación ilícita y lavado de activos, en conexión con el escándalo Lava Jato, un caso de corrupción que ha sacudido a varios países de América Latina.
Críticas por blindaje legal
Varios analistas y congresistas, como Susel Paredes, han señalado que la ley está diseñada para beneficiar a estos partidos investigados. Paredes ha sido tajante al afirmar que algunos legisladores podrían estar impulsando esta normativa para protegerse a sí mismos y a sus partidos de investigaciones judiciales. “Hay partidos políticos procesados por ser organización criminal”, indicó Paredes, haciendo referencia a las acusaciones contra Fuerza Popular y otros grupos.
Además, gremios empresariales como COMEX y CONFIEP, junto con comerciantes y transportistas, han expresado su preocupación, señalando que la Ley N° 32108 entorpece las investigaciones sobre delitos graves como la extorsión y la criminalidad organizada.
Defensa desde el Congreso
Por su parte, Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso y representante de Fuerza Popular, ha defendido la vigencia de la Ley N° 32108 y aseguró que su bancada no apoyará su derogatoria. Juárez insistió en que la ley no afecta la lucha contra la criminalidad y que, en lugar de eliminarla, debería debatirse y mejorar ciertos aspectos operativos. Además, criticó que las recientes marchas de transportistas y comerciantes se hayan dirigido al Congreso en lugar de otras instituciones responsables de la seguridad ciudadana.
Un tema en debate
La Ley N° 32108 sigue dividiendo opiniones en Perú. Para algunos, representa un obstáculo en la lucha contra el crimen, mientras que para otros, es una herramienta que asegura los derechos constitucionales de los investigados. Lo cierto es que, en medio de esta controversia, varios partidos políticos investigados por delitos graves podrían verse protegidos por una ley que parece estar más centrada en los intereses políticos que en la seguridad ciudadana.
