El paro nacional del 10 de octubre, que movilizó a miles de personas en todo el país, tuvo como principal reclamo la falta de seguridad frente al aumento de las extorsiones y el sicariato, afectando especialmente a los pequeños emprendedores y transportistas. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte sorprendió con su reacción, restando importancia al impacto de la paralización y a las marchas que exigían la derogación de la Ley N° 32108, sobre crimen organizado. En un discurso leído, la mandataria sostuvo: «No hagamos eco de la división que nada ayuda», en referencia a las protestas, según informó La República en una nota de la periodista Pamela Arroyo.
El paro, convocado principalmente por transportistas, se centró en exigir medidas más contundentes por parte del Ejecutivo y el Congreso para combatir la creciente criminalidad. Las extorsiones que enfrentan empresas de diversos sectores, incluidas las líneas de transporte, han generado una ola de indignación que se tradujo en las movilizaciones. A pesar de esto, Boluarte minimizó el paro, argumentando que el gobierno está enfrentando el problema de la delincuencia, apoyado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). «Acá estamos con las Fuerzas Armadas y la Policía para derrotar a quienes han hecho del crimen y de la delincuencia su modo de vida», afirmó Boluarte.
Comparación con Sendero Luminoso
Boluarte también generó polémica al comparar el miedo causado por las organizaciones criminales actuales con el terror que sembró Sendero Luminoso en los años 80, un comentario que fue criticado por muchos debido a que el término «terrorismo» implica, según la RAE, una motivación política. Esta comparación fue vista como una estrategia para deslegitimar las protestas y los reclamos ciudadanos.
Reacción ciudadana y crítica por la inacción del Congreso
A pesar de las palabras de Boluarte y el despliegue de 7.600 policías en Lima y Callao, muchos ciudadanos reportaron en medios televisivos que no notaron una presencia policial significativa en sus distritos. Además, el día del paro se registró una baja asistencia en el Pleno del Congreso, programado para debatir temas de inseguridad. Solo 60 parlamentarios asistieron, lo que provocó críticas, destacando la intervención de Susel Paredes, quien cuestionó al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por la falta de inversión en seguridad ciudadana. “Hoy en consulta amigable del MEF, he visto que el Ministerio del Interior solo ha invertido el 30% de su presupuesto en seguridad ciudadana”, denunció Paredes.
Viceministro y primer ministro minimizan el impacto del paro
Por su parte, el viceministro de Seguridad Pública del Mininter aseguró que el transporte operaba con normalidad, aunque las imágenes mostradas en los noticieros contradijeron estas afirmaciones, con calles vacías de buses en diversos distritos de Lima. Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, intentó deslegitimar el paro, acusando a grupos con fines políticos de estar detrás de la convocatoria. «Hay organizaciones como la Confederación Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), vinculadas al MOVADEF, y otros grupos que están politizando este paro», declaró Adrianzén a RPP.
Esta respuesta del gobierno ha sido criticada por no abordar las demandas de los ciudadanos que reclaman mayor seguridad y una acción más efectiva contra la delincuencia organizada que azota al país.
