La búsqueda de justicia para las víctimas de la “guerra contra las drogas” en Filipinas ha dado un giro significativo. El reciente arresto del expresidente Rodrigo Duterte, bajo acusaciones de crímenes contra la humanidad, ha insuflado esperanza a familias que durante años han clamado por respuestas. Este caso se suma a una larga lista de denuncias contra la gestión de Duterte, marcada por una política de mano dura que, según críticos, derivó en abusos y ejecuciones extrajudiciales a gran escala, tal y como ha sido documentado por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Según la investigación publicada por The New York Times, Emily Soriano se encontraba realizando tareas domésticas cuando una amiga irrumpió en su hogar con noticias sobre la largamente esperada búsqueda de justicia. En diciembre de 2016, hombres armados irrumpieron en una vivienda en un barrio humilde al norte de Manila y abrieron fuego, asesinando a siete personas, incluyendo tres menores y una mujer embarazada.
Entre las víctimas de aquel fatídico día se encontraban Angelito Soriano, de 15 años, hijo de Emily, y Sonny Espinosa, de 16, hijo de Isabelita Espinosa. Para las familias, la masacre parecía un acto sin sentido, semejante a los miles de asesinatos extrajudiciales perpetrados durante la llamada “guerra contra las drogas” impulsada por el entonces presidente Rodrigo Duterte. Tanto Soriano como Espinosa responsabilizan directamente a Duterte por la muerte de sus hijos, a quienes consideran inocentes.
El arresto de Duterte, acontecido el martes, representa un hito crucial en el camino hacia la rendición de cuentas, según manifestaron las mujeres. La Corte Penal Internacional (CPI) ha estado investigando la situación en Filipinas desde 2018, a pesar del intento de Duterte de retirar al país del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI. La presión internacional y la persistencia de las familias de las víctimas han sido clave para mantener el caso en la agenda.
“Lo que me importa ahora es que se haga justicia”, declaró Espinosa. “Y que no permitamos que estos carniceros y tiranos permanezcan en el poder. Debemos contraatacar”. La detención de Duterte se produce en un contexto político complejo en Filipinas, donde aún existen fuertes divisiones sobre su legado. Si bien algunos lo consideran un líder fuerte que combatió la delincuencia, otros lo acusan de haber socavado el estado de derecho y los derechos humanos.
El proceso judicial que se avecina será un desafío tanto para la CPI como para el sistema judicial filipino. La cooperación del gobierno actual será fundamental para garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente. La búsqueda de justicia para las víctimas de la “guerra contra las drogas” continúa, impulsada por la determinación de madres como Emily Soriano e Isabelita Espinosa, cuyo dolor y perseverancia han resonado a nivel internacional.
