Tendrán que rendir cuentas. La Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidieron al estado peruano “atención urgente” a la información que han recibido sobre denuncias en el contexto de las protestas en los últimos meses.
Se trata del uso excesivo de la fuerza, lo cual ha provocado un elevado número de muertes ilícitas. La supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de manifestantes y disidentes. Detenciones supuestamente arbitrarias. Un caso de desaparición forzada. Estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de manifestantes durante las protestas que han tenido lugar a partir del 7 de diciembre del 2022.
También indican que han recibido información respecto a la existencia de un elevado número de personas de pueblos indígenas. También, de personas campesinas que habrían sufrido detenciones arbitrarias y asesinatos, además de falta de prestación de asistencia médica rápida en el contexto de los hechos mencionados.
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En el documento se señala que desde el inicio de las manifestaciones el Estado peruano habría respondido con el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas. Alegan que se ha producido un uso desproporcionado de la fuerza, actos de violencia, detenciones en masa y posiblemente arbitrarias, uso de gases lacrimógenos y balines.
Menciona que los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de manifestantes y defensores de derechos humanos. Además de torturas y afectación a niños, adolescentes y estudiantes.
