La tragedia que sacudió a la comunidad de Llicua tras las torrenciales lluvias del 16 de enero no fue un desastre natural inevitable, sino el resultado de una cadena de negligencias y omisiones que cobraron la vida de una niña y dejaron a su paso destrucción y dolor. La quebrada de Angoragra, que debió ser un cauce seguro, se convirtió en un torrente de barro y desesperación debido a la irresponsabilidad de quienes tenían el deber de proteger a la población. Ahora, la Fiscalía de Prevención del Delito ha dado un plazo de 20 días al gobernador y al alcalde para limpiar la quebrada y evitar futuras catástrofes. Pero, ¿es suficiente un ultimátum para corregir años de abandono y desidia?
El problema no comenzó con las lluvias. El Sistema Meteorológico Nacional advirtió con anticipación sobre las precipitaciones intensas, pero las autoridades y la empresa contratada para las obras de encauzamiento y limpieza ignoraron las alertas. La empresa, encargada de proteger a la población, dejó materiales mal dispuestos que agravaron la situación. Mientras tanto, el gobernador y el alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, se mostraron indiferentes ante las advertencias y no tomaron las medidas necesarias para prevenir la tragedia. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, sigamos viendo cómo la negligencia y la falta de planificación cobran vidas humanas?
Es indignante comparar esta situación con el legado de generaciones pasadas, que, con recursos limitados, construyeron muros de contención sólidos y duraderos en las riberas de los ríos Huallaga e Higueras. Aquellas obras, que hoy son un testimonio de ingenio y esfuerzo, contrastan con la mediocridad de los trabajos actuales, donde el hormigón mal aplicado y la falta de supervisión han dejado grietas que simbolizan la fractura de un sistema que no prioriza a su gente.
La Fiscalía ha dado un plazo de 20 días para limpiar la quebrada, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Huayaga. Sin embargo, este ultimátum no puede ser solo un trámite burocrático. Exigimos una acción inmediata y efectiva, pero también una rendición de cuentas. El gobernador y el alcalde deben responder no solo por la limpieza de la quebrada, sino por su incapacidad para prevenir esta tragedia. La muerte de una niña no puede quedar impune, ni ser solo un recordatorio más de lo que ocurre cuando el poder se ejerce con indiferencia.
