César Augusto kanashiro Castañeda
Si algo debemos poner en primer lugar, como una inminente necesidad para mejorar la compra pública es contar con una administración pública digital a carta cabal. Hay un antes y un después de la administración pública con y sin el uso de la tecnología en su quehacer diario que comenzó hace aproximadamente 25 años. Esto provocó el cambio del correo tradicional por el correo electrónico, papeles por documentos digitales, pasando de firmas manuscritas a firmas electrónicas. Esta mutación, del trámite presencial al uso de software, ha facilitado el trabajo de los servidores; evitando la presencia física de personas en las oficinas, solicitando autorizaciones, permisos o pagando impuestos.
Si hacemos una evaluación hoy, una conclusión anticipada nos permite afirmar que sin tecnología los gobiernos no podrían realizar adecuadamente su trabajo. A pesar de esta evolución, se sigue esperando una Administración más ágil, más inclusiva, menos burocrática, incluso menos corrupta, especialmente en los países latinoamericanos, sin que el rol del ciudadano haya cambiado significativamente.
Es importante evidenciar cuáles son los principales issues, con respecto a la prestación de los servicios públicos. Por citar un ejemplo los ciudadanos han calificado en 2022 con 5,6 puntos sobre 10 a los servicios públicos que se prestan en el país, siendo la peor calificación registrada desde el año 2017; situación que llama la atención, considerando que los principales servicios públicos pertenecen al ámbito de la seguridad, salud, educación, transporte, trámites, permisos, obtención de documentos y recaudación de impuestos.
Una solución a estos problemas es la implementación de un verdadero Gobierno Electrónico, entendido como “Las actividades de las administraciones pueden ejecutarse mediante el uso de nuevas tecnologías y medios electrónicos, respetando las leyes, salvaguardando la inalterabilidad e integridad de las actuaciones y garantizando los derechos de las personas”. En este contexto, el gobierno electrónico definitivamente resalta la ya bastante difundida inteligencia artificial (IA).
Las palabras más usadas en español, según la Real Academia de la Lengua Española en 2022, es “Inteligencia Artificial” (IA), que se contrasta con la palabra “Metaverso”, que se encuentra entre las 25 palabras más usadas en inglés. Concluyendo que estos nuevos conceptos creados en virtud de los avances tecnológicos son una especie de mundo paralelo, que no deben ser ajenos a la administración pública, siendo necesario estudiarlos y debatirlos, a fin de otorgar al ciudadano un nuevo rol.
Esto va de la mano con la compra pública de innovación en la adquisición de bienes y servicios por parte de entidades gubernamentales, dándole un enfoque menos tradicional; esta dinámica necesita ser analizada desde una perspectiva que fomente nuevos emprendimientos y soluciones para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, ya que dentro de este sandbox se puede probar ciertas alternativas y soluciones, algo en lo que aún se está trabajando en varios países. Esta situación, al ser una ventana al fomento de nuevos emprendimientos y sobre todo nuevas soluciones que permitan innovar a la administración pública, permitirá mejorar la eficiencia y efectividad de los servicios públicos.
La IA se está convirtiendo rápidamente en una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, con el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas. En el sector público, la IA es aplicable en la búsqueda de obtener gobiernos más eficientes, efectivos y receptivos a las necesidades de los ciudadanos.
Para aprovechar todo el potencial de la IA en la administración pública, es importante que tengamos una fuerza laboral capacitada, que sea capaz de desarrollar e implementar estas tecnologías. Esto requerirá una inversión significativa en educación y capacitación, así como asociaciones entre agencias gubernamentales, instituciones académicas y empresas del sector privado.
La incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de adquisición pública posibilita la automatización de diversas tareas y procedimientos, generando una mejora considerable en la eficiencia de dichos procesos. Los algoritmos de aprendizaje automático tienen la capacidad de analizar extensos conjuntos de datos y llevar a cabo la automatización de tareas repetitivas, como el manejo de solicitudes de áreas solicitantes y la generación de informes que suelen demandar un tiempo considerable por parte de los funcionarios. Esto resulta en una disminución de la carga administrativa, permitiendo a los funcionarios de adquisiciones dedicar más tiempo a tareas estratégicas.
Además, la IA facilita la optimización de los procedimientos de adquisición. Los sistemas de IA pueden emplear técnicas de análisis de datos y algoritmos de optimización para mejorar la planificación de compras, identificar posibles proveedores, realizar comparaciones de precios y condiciones; y, agilizar el proceso de licitación. Esto conlleva a una mayor eficiencia en la selección de proveedores y en la obtención de bienes y servicios necesarios para las entidades gubernamentales.
