En las zonas rurales de Huánuco, la justicia parece haberse convertido en una promesa vacía. Particularmente en distritos como Quipranchico, en la provincia de Huacrachuco, los testimonios de padres de familia revelan una profunda desprotección de niñas y adolescentes, quienes, incluso al asistir a la escuela, se exponen a situaciones de alto riesgo sin una respuesta efectiva de las autoridades judiciales.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió recientemente, cuando un padre denunció un intento de violación contra sus hijas menores mientras regresaban del colegio. Según relata, el ataque fue evitado gracias a la intervención oportuna de vecinos. Sin embargo, al acudir al juzgado local, no encontró apoyo. Esta historia, lejos de ser un caso aislado, representa una realidad constante: la indiferencia del sistema judicial frente a delitos que deberían ser tratados con la mayor urgencia y firmeza.
Las acusaciones de parcialidad contra jueces, así como la falta de seguimiento de las denuncias por parte del Ministerio Público, son recurrentes. Padres y madres señalan que sus demandas no solo son ignoradas, sino que en ocasiones los magistrados parecen proteger más a los agresores que a las víctimas. Esta percepción alimenta el sentimiento de impunidad y desesperanza en la población.
El problema no se limita a la justicia. La corrupción también ha contaminado otros pilares del Estado. El sistema educativo muestra serias deficiencias: la falta de compromiso por parte de docentes contratados en estas zonas afecta directamente la calidad de enseñanza y, en muchos casos, deja a los estudiantes aún más expuestos a riesgos sociales. En paralelo, el sistema de salud también falla en ofrecer respuestas eficaces ante situaciones de emergencia o violencia.
La desconfianza hacia las instituciones es tal que algunos ciudadanos comienzan a plantear alternativas por fuera de la ley, insinuando la posibilidad de hacer justicia con sus propias manos. Esto evidencia un punto de quiebre crítico: si el Estado no reacciona de manera inmediata y decidida, podría desencadenarse una crisis social mucho más grave.
El llamado es claro. Las instituciones deben actuar con celeridad, transparencia y firmeza. Es inaceptable que las denuncias queden archivadas o, peor aún, ridiculizadas por quienes tienen el deber de impartir justicia. La ciudadanía merece un sistema que la proteja y escuche, no uno que la margine y revictimice. Es urgente fortalecer la presencia del Estado en las zonas rurales, garantizar el cumplimiento de las leyes y asegurar que ningún delito contra menores quede impune.
