El Congreso de la República aprobó este viernes 21 de marzo la censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en una votación que refleja el creciente descontento frente al manejo de la seguridad ciudadana. Con 78 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones, el Pleno tomó la decisión que obliga a la presidenta Dina Boluarte a aceptar su renuncia en un plazo máximo de 72 horas.
Esta decisión representa un giro importante en la dinámica política del Ejecutivo, ya que Santiváñez era hasta ahora el titular del Mininter con mayor permanencia en el cargo durante el mandato de Boluarte, tras asumir funciones en mayo de 2024. Ahora, el Ejecutivo deberá designar a un nuevo ministro del Interior, el sexto en lo que va de esta gestión. Según Carlos Espinoza para Infobae.
Un voto marcado por el desencanto ciudadano
El debate parlamentario fue extenso y reflejó la polarización entre quienes consideraban que la gestión del ministro fue insuficiente y quienes creían que un cambio no resolvería la crisis de inseguridad. Entre los promotores de la censura estuvo la congresista Susel Paredes, quien criticó duramente la labor del Mininter.
“Desde que el ministro asumió el cargo, más de 1.800 personas han sido asesinadas. Los emprendedores viven bajo amenaza constante por las extorsiones. La inseguridad ha crecido, no ha retrocedido”, advirtió Paredes durante su intervención en el Hemiciclo.
La moción también fue respaldada por Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, quien enfatizó que la violencia no puede abordarse solo con operativos policiales. “Es urgente una reforma integral del Poder Judicial y un fortalecimiento real de los servicios de inteligencia. Sin eso, estamos avanzando a ciegas”, señaló.
Heidy Juárez, representante de Podemos Perú, subrayó la dimensión social del problema: “La inseguridad genera angustia permanente en nuestras familias. La gente tiene miedo de salir a las calles. Mantener a este ministro solo prolonga el dolor de los ciudadanos”, manifestó.
Reacciones encontradas en el Congreso
A pesar del respaldo mayoritario a la moción de censura, algunos parlamentarios se mostraron en desacuerdo. Jorge Montoya, de Honor y Democracia, fue una de las voces que se alzó en defensa del ministro.
“Un cambio en este momento interrumpe la estrategia de seguridad ya en marcha. No se trata de cambiar nombres, sino de fortalecer procesos”, argumentó Montoya, quien, no obstante, indicó que su bancada permitió a sus integrantes votar libremente según su criterio.
Otro legislador que votó en contra fue Alfredo Azurín, de Somos Perú, actual presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Aunque reconoció que el panorama es complejo, puso énfasis en los avances que la Policía Nacional ha logrado en los últimos meses.
“Se han capturado bandas criminales, se ha reforzado la presencia policial en regiones clave. El problema no se soluciona solo cambiando ministros. Necesitamos políticas de Estado, no medidas reactivas”, declaró Azurín.
Aun así, el bloque mayoritario del Congreso respaldó la censura. Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, explicó el voto favorable de su bancada con contundencia: “La estrategia del ministro ha sido ineficaz. Nosotros hemos propuesto reformas serias como la construcción de cárceles modernas y una revisión del Pacto de San José. No podemos seguir improvisando”, sostuvo.
El ministro censurado responde
Luego de conocerse la decisión del Pleno, Juan José Santiváñez brindó breves declaraciones a la prensa. Aunque no ocultó su desacuerdo con la censura, dijo que aceptaba la decisión del Parlamento y defendió su labor al frente del Ministerio del Interior.
“Vamos a aceptar la decisión del Congreso. Estoy convencido de que hemos hecho un buen trabajo, mejorando las condiciones de los policías y fortaleciendo operativos. Seguiremos trabajando”, expresó, sin precisar si ocupará un nuevo cargo en el Ejecutivo.
Según trascendió, Santiváñez sostuvo una reunión de aproximadamente una hora con la presidenta Dina Boluarte poco después de oficializarse la censura. Más temprano, la mandataria también se reunió con otros ministros, entre ellos Norman Quero (Justicia), César Vásquez (Salud) y Eduardo Arana (Relaciones Exteriores), en lo que algunos analistas interpretan como la antesala de un posible reajuste ministerial.
La censura, un reflejo de la crisis de seguridad
La creciente percepción de inseguridad ha sido uno de los principales factores que aceleraron la salida de Santiváñez. Casos de extorsiones, asesinatos, robos armados y secuestros han sido reportados en diversas regiones del país, generando una sensación de abandono y frustración en la ciudadanía.
El reciente incidente en Lurín, donde el ministro fue abucheado y atacado con piedras durante una visita oficial, evidenció el nivel de descontento popular. Su gesto de responder con un beso al aire no hizo más que agravar la tensión, desatando una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación.
Ese episodio fue interpretado por muchos como una muestra de desconexión entre las autoridades y las urgencias reales de la población. Analistas políticos coinciden en que la permanencia de Santiváñez en el cargo era insostenible desde hace semanas.
Un nuevo ministro en tiempos turbulentos
Con la salida de Juan José Santiváñez, el Ejecutivo deberá designar, por sexta vez desde el inicio del mandato de Boluarte, a un nuevo titular del Ministerio del Interior. La constante rotación en esta cartera clave refleja no solo una inestabilidad institucional, sino también la ausencia de una estrategia clara para enfrentar el crimen organizado y la inseguridad en el país.
Además, el nuevo ministro asumirá funciones en un entorno marcado por la desconfianza ciudadana, una Policía Nacional con recursos limitados y la necesidad urgente de articular políticas preventivas y no solo represivas.
La presidencia tiene 72 horas, conforme lo establece la ley, para aceptar la renuncia del ministro censurado y nombrar a su reemplazo. Se espera que en los próximos días, Boluarte anuncie al nuevo integrante de su gabinete, con la promesa de dar un giro efectivo a la lucha contra la delincuencia.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen exigiendo resultados concretos. La crisis de seguridad no da tregua, y el cambio de ministros, aunque simbólicamente importante, solo será útil si se traduce en acciones reales.
