El nuevo ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Dina Boluarte, José Salardi, enfrenta cuestionamientos tras revelarse que en 2011 fue denunciado por su exesposa por violencia física y psicológica. La información fue difundida por el periodista Alonso Ramos en el programa Ocurre Ahora, donde se detalló que la denuncia fue presentada el 22 de enero de 2011.
Según el documento policial, Salardi habría agredido a su entonces pareja durante una discusión sobre su separación, llegando incluso a ahorcarla en medio del altercado. Según Mauricio Muñoz para La República.
“El hecho ocurrió mientras manteníamos una conversación sobre los problemas que teníamos como pareja. Él había decidido terminar definitivamente la relación, pero luego se desanimó de separarse. Entonces, le dije que esto no era un juego”, se lee en la denuncia presentada por su exesposa.
Ante la difusión de este caso, Salardi negó las acusaciones y aseguró que la denuncia fue archivada, argumentando que se trató de un problema estrictamente personal que fue superado con el tiempo.
“Es preciso mencionar que tal imputación es totalmente falsa y que el caso fue superado. Tanto es así que mi exesposa no prosiguió con la denuncia, y logramos resolver una discrepancia de índole estrictamente privada, por lo que la denuncia fue archivada”, declaró el ministro en su descargo.
Asimismo, aseguró que actualmente mantiene una relación de respeto con su expareja, con quien comparte la crianza de su hijo.
“Actualmente, tenemos un hijo en común y ambos nos encargamos de su crianza y manutención, manteniendo una comunicación constante, cordial y permanente, a pesar de estar divorciados”, afirmó.
Un Gobierno con cuestionamientos sobre violencia de género
La revelación sobre la denuncia contra Salardi se suma a una serie de cuestionamientos que ha enfrentado el actual gobierno por la presencia de funcionarios con antecedentes de violencia de género.
El nombramiento de Salardi se produjo en medio de una crisis ministerial, luego de la renuncia de José Arista, su antecesor en el cargo. Su llegada al Ministerio de Economía fue interpretada como un intento de la presidenta Dina Boluarte por dar estabilidad al gabinete. Sin embargo, la denuncia en su contra ha generado debate sobre la idoneidad de su designación en un contexto donde la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad pendiente en el país.
Denuncias en el Congreso por violencia contra la mujer
No solo en el Poder Ejecutivo hay funcionarios cuestionados por este tipo de acusaciones. En el Congreso de la República también existen parlamentarios investigados por violencia de género.
Uno de los casos más recientes es el del congresista José Jerí, representante de Somos Perú, quien enfrenta una denuncia por agresión sexual contra una mujer de 31 años.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, el hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2023, cuando la víctima se encontraba en estado de ebriedad en una casa de campo alquilada en Canta.
De acuerdo con la investigación del portal Epicentro.tv, la mujer viajó a la casa junto con su tío político y un conductor de confianza. Allí se encontró con José Jerí, con quien mantenía una amistad desde hacía meses. Durante la reunión, el congresista ofreció varias botellas de pisco, y tras consumir licor, la mujer comenzó a sentirse indispuesta.
Según su testimonio, decidió recostarse en un asiento cercano a la piscina, momento en el que perdió la noción de lo sucedido. Horas más tarde, aún aturdida, se despertó en una habitación sin recordar cómo llegó allí, lo que generó sospechas sobre un posible abuso sexual.
Este caso se encuentra en investigación y ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos y sociales.
Preocupación por la presencia de funcionarios con antecedentes de violencia
Las denuncias contra autoridades del Ejecutivo y Legislativo ponen en entredicho el compromiso del Estado peruano con la lucha contra la violencia de género. Diversos colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de filtros en la selección de altos funcionarios, especialmente en un contexto donde el país enfrenta altas tasas de violencia contra la mujer.
En el caso de José Salardi, la denuncia fue archivada, pero el tema ha resurgido debido a la relevancia del cargo que ocupa. Su nombramiento ha sido criticado por grupos de la sociedad civil, quienes demandan una revisión más exhaustiva de los antecedentes de los ministros antes de su designación.
Por otro lado, el caso de José Jerí sigue en curso y podría tener repercusiones en el Congreso. Las organizaciones de mujeres han solicitado que se tomen medidas inmediatas y se garantice una investigación transparente y objetiva.
¿Debe un funcionario con antecedentes de violencia ocupar un cargo público?
El debate sobre la idoneidad de funcionarios con denuncias de violencia de género sigue abierto en el Perú. Si bien algunas acusaciones no han prosperado en el ámbito judicial, el escrutinio público sobre la conducta de quienes ocupan altos cargos es cada vez más intenso.
En ese sentido, diversos analistas han señalado la necesidad de implementar criterios más estrictos para la designación de ministros, congresistas y otros funcionarios públicos, con el fin de evitar que personas con antecedentes de violencia accedan a posiciones de poder.
La pregunta que queda en el aire es: ¿Debe el Gobierno revisar sus filtros de selección para evitar nombramientos polémicos?
