El expresidente Pedro Castillo continuará cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, luego de que el Poder Judicial rechazara su solicitud de sustituir esta medida por una comparecencia con restricciones y vigilancia electrónica. La decisión fue tomada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien declaró infundado el pedido de la defensa del exmandatario.
Con esta resolución, Castillo deberá permanecer privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su defensa argumentó que el exgobernante podría afrontar el juicio bajo supervisión electrónica en Lima, pero el magistrado consideró que no era una medida aplicable en este caso. Según Redacción EC para El Comercio
Las razones del Poder Judicial para rechazar el pedido
En su fallo, el juez Juan Carlos Checkley señaló que las leyes peruanas permiten el uso de la vigilancia electrónica para reducir el hacinamiento en penales sobrepoblados y en casos de delitos cuya condena no supere los ocho años de prisión. Sin embargo, en el caso de Castillo, se le imputa el delito de rebelión, cuya pena oscila entre 10 y 20 años de prisión.
“En ese sentido, no cabe la vigilancia electrónica en el presente caso; más aún cuando el argumento de la defensa es que en el centro penitenciario donde su patrocinado cumple la prisión preventiva (conocido como Barbadillo) es uno en el cual no existe hacinamiento”, indica la resolución.
Otro argumento de la defensa fue la supuesta falta de pruebas concluyentes que demuestren que Castillo intentó dar un golpe de Estado, señalando que no se habían tomado declaraciones de ciertos trabajadores de Palacio de Gobierno que habrían negado la existencia de un plan golpista. Sin embargo, el juez desestimó este punto al indicar que esta observación debió hacerse en la etapa intermedia del juicio, y no en la actual fase del proceso.
“Estas críticas por no recabar testimonios debieron ser procesadas en la etapa intermedia del juicio que ya concluyó, para que el Ministerio Público haya podido canalizarlas de manera regular”, precisó Checkley.
Finalmente, descartó que los nuevos testimonios presentados por la defensa tengan suficiente peso para anular las pruebas existentes en la investigación por el golpe de Estado.
Pedro Castillo y su situación legal actual
Desde su detención el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo ha permanecido en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, un recinto que alberga a exmandatarios procesados por corrupción u otros delitos. Actualmente, cumple 18 meses adicionales de prisión preventiva, medida impuesta por la Corte Suprema en 2023.
El Ministerio Público acusa a Castillo de liderar un intento de golpe de Estado, al haber anunciado el cierre inconstitucional del Congreso y la reestructuración del sistema judicial, acciones que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas y su propio gabinete. Su captura se produjo cuando intentaba dirigirse a la Embajada de México en busca de asilo político.
¿Puede Castillo salir en libertad antes del juicio?
A pesar de este nuevo revés judicial, la defensa del exmandatario puede apelar la decisión. No obstante, el argumento del Poder Judicial sobre la gravedad del delito imputado y la falta de hacinamiento en Barbadillo hace poco probable que un tribunal superior cambie la medida de prisión preventiva.
Según expertos legales, en casos de delitos graves como la rebelión y la conspiración, es difícil que los jueces concedan beneficios como la comparecencia restringida o vigilancia electrónica, pues existe un alto riesgo de fuga y de obstaculización del proceso judicial.
La estrategia de la defensa y la respuesta de la Fiscalía
El equipo legal de Castillo ha insistido en que el exmandatario es víctima de una persecución política y que la acusación de rebelión carece de sustento. Argumentan que su discurso del 7 de diciembre de 2022 fue malinterpretado y que nunca se concretaron acciones para ejecutar un golpe de Estado.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el anuncio del cierre del Congreso sí constituyó un intento de alteración del orden democrático, razón por la cual se abrió una investigación bajo los delitos de rebelión y conspiración.
El Ministerio Público también ha señalado que existen pruebas sólidas en la carpeta fiscal que demuestran que Castillo coordinó con algunos funcionarios y militares para llevar a cabo la disolución del Parlamento, aunque finalmente el intento fracasó.
¿Qué sigue en el caso de Pedro Castillo?
Con esta nueva decisión del Poder Judicial, Pedro Castillo seguirá recluido mientras avanza el proceso en su contra. La defensa puede interponer nuevas solicitudes o apelaciones, pero el escenario judicial sigue siendo desfavorable para el expresidente.
A corto plazo, la estrategia de la Fiscalía es acelerar el juicio oral, donde se determinará si Castillo es condenado o absuelto de los cargos de rebelión. De ser hallado culpable, podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión, mientras que si se le condena por conspiración, la pena podría ser menor.
Por ahora, Castillo permanecerá en Barbadillo, sin posibilidad de acogerse a la vigilancia electrónica, un recurso que no aplica para delitos graves como el suyo.
Conclusión
El intento de Pedro Castillo por salir en libertad con vigilancia electrónica ha sido rechazado por el Poder Judicial, lo que reafirma la severidad de los cargos en su contra. El delito de rebelión implica penas elevadas, por lo que la prisión preventiva sigue siendo la medida más viable según las normas vigentes.
A medida que se acerca el juicio, la situación legal del exmandatario se complica, y todo indica que su defensa deberá plantear nuevas estrategias para intentar reducir su tiempo en prisión.
