Las autoridades han demostrado una falta de respeto y responsabilidad alarmante, con el abuso de poder y la corrupción desbordando las instituciones. ¿Cómo vamos a lidiar con esta crisis moral y financiera?
La contraloría ha revelado cifras alarmantes que pintan un retrato sombrío de Huánuco durante el año pasado: cerca de 500 millones de soles fueron perdidos a causa de la corrupción, en particular por las actividades ilícitas de un clan familiar que según las investigaciones estaría dirigido por el exgobernador Juan Alvarado Cornelio.
La corrupción, sin embargo, no se limitó al gobierno regional. Según el contralor Nelson Jack, se ha infiltrado en todos los niveles de gobierno, desde la municipalidad provincial hasta las municipalidades distritales. Han surgido pruebas de documentación falsa, registros públicos y notarios corruptos, así como de contratos de obras públicas inflados y mal gestionados.
La evidencia sugiere un modus operandi en el que los licitadores ganadores debían pagar un “impuesto” del 10% antes de comenzar cualquier trabajo. Esto no solo es un indicador claro de la corrupción sistémica, sino que también ha retrasado y entorpecido el desarrollo de infraestructuras esenciales como las escuelas y los hospitales.
El daño hecho a Huánuco por esta corrupción desenfrenada es incalculable, desde el desperdicio de fondos públicos hasta el debilitamiento de la fe en nuestras instituciones. En lugar de actuar como custodios del bienestar público, estas autoridades han demostrado un desprecio por la confianza y la responsabilidad que se les ha otorgado.
Por lo tanto, el desafío que tenemos ante nosotros es de una magnitud considerable. En primer lugar, necesitamos que nuestras instituciones de control, como la contraloría y la fiscalía, actúen con rapidez y decisión para llevar a los responsables ante la justicia. Además, se deben establecer medidas de salvaguarda sólidas para prevenir futuros actos de corrupción.
También es crucial que haya transparencia en todas las facetas de la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gastan sus impuestos y cuáles son los criterios para la adjudicación de contratos de obras públicas.
