El director ejecutivo del Hospital Hermilio Valdizán, Brady Arístides Caipa, aseguró que la comisión, que llevaba a cabo el concurso público de contratación CAS, renunció ante las presiones constantes del Poder Judicial.
Señaló que los judiciales se apersonaron al hospital, junto al abogado Angel Lazo, aduciendo que habría flagrancia en el desacato y desobediencia del mandato judicial.
Puesto que una medida cautelar, emitida por un juzgado laboral, repuso a trabajadores CAS 004 y suspendió la convocatoria que realizaba el nosocomio para cubrir su demanda laboral.
De acuerdo a Arístides Caipa, el concurso queda suspendido y las plazas serán declaradas ”desiertas”.
Aseguró que ya se ha enviado los documentos para la incorporación de las plazas que existen o que coinciden, ya que no son las mismas concernientes al 2021.
“Son plazas generadas este año con presupuesto distinto y se ha tratado de cumplir con el mandato judicial. Sin embargo, en un exceso se ha tomado a la comisión como si estuviera haciendo flagrancia o desobediencia y desacato a la autoridad”, indicó.
Asimismo, señaló que se ha suscrito en un acta el compromiso de que se ejecutará la orden judicial de las personas con medida cautelar.
Ángel Lazo: El Hospital HV continúa desafiando el mandato judicial
Cuyas plazas coincidan con la denominación, remuneración y funciones de las plazas del Concurso 2022.
“Es preciso también aclarar que las plazas que no coincidan en denominación, remuneración y funciones se realizarán las sesiones administrativas correspondientes ante las instituciones para que se haga la creación de los códigos Air, para su inserción en la institución de acuerdo al mandato judicial”, precisó el director.
Caipa destacó que el hospital está realizando las gestiones necesarias para que la población no sufra el daño que le están ocasionando al hospital y continuar garantizando una atención oportuna y de calidad.
Finalmente, enfatizó que con esta imposición del Poder Judicial se corre el riesgo de que el Ministerio de Economía y Finanzas haga cortes administrativos por no continuar con el proceso CAS y no ocupar las plazas disponibles.
