Grupos relacionados con Charles Koch y Leonard Leo financian la impugnación de los aranceles de Trump

La imposición de aranceles por parte del expresidente Trump a las importaciones procedentes de China continúa generando controversia, incluso entre figuras y grupos tradicionalmente asociados al ala conservadora. Una muestra palpable es la reciente acción legal emprendida por una empresaria de Florida, cuyo negocio se ha visto directamente afectado por la escalada en la guerra comercial entre ambas potencias económicas.

Según la investigación publicada por The New York Times, una empresaria de Florida ha desafiado en los tribunales las medidas tomadas por la administración Trump, argumentando que su empresa, Simplified, dedicada a la producción de agendas y cuadernos, ha sufrido graves perjuicios debido a la intensificación del conflicto comercial con China.

La defensa de la empresaria corre a cargo de la New Civil Liberties Alliance, una organización sin fines de lucro de corte libertario. Curiosamente, entre sus principales donantes se encuentra Donors Trust, un grupo vinculado al influyente Leonard A. Leo, figura clave en la Federalist Society, una organización legal que asesoró a Trump en el nombramiento de jueces conservadores para el Tribunal Supremo. Recordemos que las tensiones comerciales entre EE.UU. y China se intensificaron a partir de 2018, afectando a diversos sectores económicos.

Otro nombre destacado entre los benefactores de la New Civil Liberties Alliance es Charles Koch, el multimillonario industrial y prominente donante republicano. La situación revela una fractura dentro del espectro político conservador respecto a la política comercial de Trump, algo que no era tan visible hasta el momento.

En lo que parece ser la primera demanda directamente relacionada con los aranceles impuesta contra la administración Trump, Emily Ley, fundadora de Simplified, sostiene que el expresidente extralimitó su autoridad al implementar nuevos impuestos a las importaciones chinas en febrero. La respuesta de China no se hizo esperar, imponiendo aranceles retaliatorios, lo que provocó una mayor escalada en el conflicto.

Actualmente, todos los productos importados desde China están sujetos a una tarifa mínima del 145 por ciento, un incremento considerable que ha tenido un impacto significativo en las empresas estadounidenses que dependen de la importación de bienes chinos. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la política arancelaria y sus efectos a largo plazo en la economía de Estados Unidos.

La demanda en cuestión se centra en argumentar que el presidente Trump se extralimitó en sus poderes al imponer los aranceles, basándose en una interpretación restrictiva de las leyes comerciales del país. El caso podría sentar un precedente importante para futuras disputas en materia de política comercial. La disputa comercial se desarrolla en un contexto global de creciente proteccionismo y reconfiguración de las cadenas de suministro.