El Poder Ejecutivo decidió observar la autógrafa de la ley que planteaba un control de precios de matrículas y pensiones en los colegios privados.
La iniciativa, aprobada en el Congreso a mediados de mayo, proponía reducir el precio de las pensiones en proporción a los servicios educativos prestados.
Con este proyecto de ley, que tenía el objetivo de garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas en situaciones de emergencia, también se indicaba que los colegios tendrían prohibido cobrar moras o penalidades por el retraso de pago de pensiones.
Ante esto, el Gobierno consideró que la norma impone un control de precios injustificado y vulnera derechos constitucionales como la iniciativa privada.
“En el artículo 9 de la Ley se establece que el costo de las clases no presenciales no puede ser mayor o igual a las clases presenciales. Ello presupone la imposición de un control de precios injustificado”, señala la observación del Gobierno.
El Ejecutivo también precisó que esta medida contraviene el régimen económico reconocido en los artículos 58 y 59 de la Constitución.
Asimismo, indicaron que prohibir el cobro de moras por falta de pago, y suspender el cobro de matrícula por 30 días, afectaría la capacidad de las empresas.
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