El Gobierno Nacional con el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Justicia, decretó el estado de emergencia en los cinco distritos de la provincia de Puerto Inca y tres de vecinos Oxapampa (Pasco), con el objetivo de fortalecer la lucha frontal contra el crimen organizado dedicado al tráfico de drogas, minería informal, terrorismo, secuestro, extorsión, homicidios y tala ilegal, según el Decreto Supremo n.° 050-2019-PCM publicado ayer en el diario oficial El Peruano, lo que sorprendió a los pobladores quienes ignoraban que alguna autoridad o institución lo hayan solicitado.
La declaratoria de la emergencia es por 60 días habiéndose suspendido el ejercicio de una serie de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 apartado f del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. En el artículo 3 del decreto supremo se establece que la intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se realiza de acuerdo a las normas que establecen reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Justificación
El diario AHORA tuvo acceso a un documento reservado donde se detalla que una de las principales razones que justifican esta declaratoria de emergencia es el rechazo a la minería ilegal por parte de la población de Puerto Inca que en documentos remitidos a la subprefectura provincial han notificado que se da plazo de un mes a las empresas chinas y coreanas para que se retiren de la zona, caso contrario serán expulsadas a la fuerza, tal como se informó en la oportunidad desde las páginas de nuestro diario.
