A medida que el 2023 llega a su fin, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta críticas por la escalada de inseguridad ciudadana, a pesar de haber declarado un estado de emergencia en septiembre en tres distritos claves del país: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. La medida, que fue recibida con escepticismo, parece haber tenido un impacto limitado en la mejora de la seguridad, según los expertos.
Infobae Perú tuvo acceso a un documento que detalla el gasto programado por el Ejecutivo para los primeros tres meses de la emergencia. Según el Memorando N° D000566-2023-IN-OGPP, el costo total de la intervención asciende a más de 230 millones de soles, un monto considerable para una medida que ha sido calificada de infructuosa por muchos.
Dentro de este monto, aproximadamente 65 millones de soles fueron asignados al Ministerio del Interior para fortalecer las comisarías y unidades especiales de la Policía Nacional del Perú. A pesar de la importante inversión, el análisis realizado por Infobae en octubre sugiere que las expectativas no se han cumplido. Los especialistas en seguridad ciudadana, como César Ortiz, apuntan a una falta de cumplimiento en las propuestas iniciales y a una pobre ejecución de las medidas.
Además, la continuidad de políticas bajo la actual gestión del Mininter ha generado más preocupación que confianza entre los ciudadanos. El mínimo impacto de la inversión en seguridad y la persistencia de la inseguridad ciudadana han terminado el año como temas críticos para el gobierno de Boluarte, planteando serias preguntas sobre la eficacia y dirección de las políticas de seguridad en el país. La situación subraya la necesidad de una estrategia más efectiva y responsable para abordar uno de los problemas más acuciantes de la nación.
