El presidente argentino Javier Milei ha emprendido una nueva fase en su misión de reducir el tamaño del Estado con la firma de un decreto que anula los contratos de más de 5000 trabajadores estatales ingresados en el último año, según estimaciones del Gobierno. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) teme que el número de afectados pueda superar los 7000, con la posibilidad de que aumente a medida que se revisen contratos anteriores a 2023. Este martes, el Boletín Oficial publicó el decreto que establece la no renovación de contratos firmados desde el 1 de enero de 2023, aunque se contemplan algunas excepciones para personal con protecciones especiales.
Este movimiento se alinea con las promesas de Milei de realizar ajustes fiscales que impacten más al Estado que al sector privado. Ya había comenzado con una reducción en el número de ministerios y ahora prosigue con medidas más agresivas, incluyendo la posible privatización de empresas públicas y flexibilizaciones en el mercado laboral y de salud.
La respuesta sindical no se ha hecho esperar, con la ATE calificando el decreto de «agresión» y anunciando una intensificación en su plan de lucha. Las protestas están programadas para este miércoles, coincidiendo con una convocatoria de las centrales sindicales contra las reformas de Milei para «desguazar» el Estado.
El presidente también ha convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso para discutir reformas clave, poniendo presión sobre los legisladores para que apoyen sus iniciativas. A pesar de su victoria electoral, Milei enfrenta una minoría en ambas cámaras, lo que significa que necesitará negociar con otras fuerzas políticas para lograr su visión de un Estado más reducido y eficiente. El recorte de empleados estatales se presenta como un paso decisivo en esta dirección, pero también plantea preocupaciones sobre el impacto en los servicios públicos y la vida de miles de trabajadores.
