El Congreso de la República ha abierto un nuevo frente contra el Ministerio Público. La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, anunció que está preparando una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras conocerse que el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra once congresistas por presunto delito de negociación incompatible. Este caso está relacionado con la aprobación de un dictamen que otorga doble pensión a parlamentarios que fueron miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Según Por Mariana Quilca Catacora para Infobae.
“Yo no veo ninguna razón de que se haya interpuesto esta denuncia, por algo que tiene que ver con una prerrogativa de un congresista, que es su derecho al voto y a la inviolabilidad del voto. Entonces, creo que este es un absoluto despropósito de parte de la señora fiscal, que debería reevaluar lo que ha hecho y desistir de esta denuncia constitucional tan absurda y que viola flagrantemente la Constitución,” declaró Juárez en una entrevista con los medios.
Juárez, quien se encuentra entre los parlamentarios denunciados por el Ministerio Público, calificó la medida como un ataque contra la función parlamentaria y acusó a Espinoza de infringir el artículo 93 de la Constitución, que protege la inviolabilidad del voto de los congresistas.
Denuncia constitucional en marcha
La congresista aseguró que su equipo está trabajando en una acusación formal contra Espinoza por lo que considera un “atentado flagrante a la Constitución”. “Yo no amenazo a nadie, pero esta es una infracción clara y flagrante a la Constitución,” enfatizó.
La medida recibió el respaldo de otros parlamentarios, como el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, quien también se encuentra entre los denunciados. A través de su cuenta de X, Montoya calificó la acción del Ministerio Público como un caso de “persecución política”.
“Lo que estamos presenciando no es un debate sobre pensiones ni sobre una ley en particular, sino una clara injusticia y una descarada persecución política contra quienes verdaderamente defienden la democracia y los valores republicanos,” afirmó Montoya.
Críticas desde Fuerza Popular y Honor y Democracia
El enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscal de la Nación ha generado una fuerte polarización en el ámbito político. Alejandro Aguinaga, también de Fuerza Popular, acusó a Delia Espinoza de usar la denuncia constitucional contra los parlamentarios como una estrategia para desviar la atención de su supuesto incremento patrimonial.
“¿Con total desconocimiento y violando el artículo 93 de la Constitución? Denuncias constitucionales contra mis colegas congresistas, en un intento desesperado por desviar miradas y tapar un posible enriquecimiento ilícito que viene desde la cabeza de esa institución deslegitimada,” escribió Aguinaga en su cuenta de X.
Por su parte, el congresista José Cueto, de Honor y Democracia, anunció que denunciará a Espinoza por prevaricato e infracción de la Constitución. “Estoy seguro de que su denuncia será archivada por inconstitucional e ilegal. La Fiscal de la Nación está vulnerando el artículo 93 de la Constitución. Es un principio básico en toda democracia; solo en dictaduras como la cubana o venezolana se vulnera,” afirmó.
Respaldo limitado de otras bancadas
Aunque el principal impulso de la denuncia proviene de las bancadas de derecha, algunos congresistas de otras agrupaciones también han mostrado su apoyo. Américo Gonza, de Perú Libre, afirmó que está de acuerdo con la iniciativa de Patricia Juárez, aunque aclaró que su bancada aún no ha tomado una posición oficial al respecto.
Óscar Zea, de Podemos Perú y exintegrante de Perú Libre, expresó una postura similar, asegurando que “respalda la denuncia contra Delia Espinoza”, pero que el tema aún debe ser discutido dentro de su agrupación.
Nuevo capítulo en el conflicto Congreso-Fiscalía
Las tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público no son nuevas. Desde la gestión de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, la relación entre ambas instituciones ha sido marcada por enfrentamientos. Ahora, con Delia Espinoza al frente de la Fiscalía, las disputas continúan, y el caso de la doble pensión para congresistas militares y policías ha abierto un nuevo capítulo en este conflicto.
El proyecto de ley que motivó la denuncia constitucional del Ministerio Público fue promovido y aprobado por los legisladores implicados, muchos de los cuales son militares y policías en retiro. Según la Fiscalía, existe evidencia de que estos congresistas incurrieron en negociación incompatible al beneficiar directamente a sus propios intereses con la aprobación de este dictamen.
El artículo 93 de la Constitución en el centro del debate
El eje central de la controversia es el artículo 93 de la Constitución, que establece que los congresistas “no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones”. Según los parlamentarios denunciados, este artículo garantiza su derecho a votar sin interferencias externas.
Sin embargo, el Ministerio Público argumenta que la denuncia no se basa en el acto de votar, sino en las acciones previas que habrían llevado a una negociación incompatible, beneficiando de manera directa a los legisladores involucrados.
Postura del Ministerio Público
Hasta el momento, la Fiscal de la Nación no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Patricia Juárez ni sobre las acusaciones lanzadas por otros congresistas. Sin embargo, el Ministerio Público ha defendido la legalidad de su denuncia y ha reiterado su compromiso de investigar cualquier acto que atente contra la transparencia y la justicia.
Conclusión
El enfrentamiento entre el Congreso y la Fiscalía evidencia la profunda polarización política en el país. Mientras las bancadas de derecha buscan proteger su posición argumentando que se está vulnerando la Constitución, el Ministerio Público insiste en la importancia de investigar posibles delitos de negociación incompatible.
Este conflicto no solo pone en juego la relación entre dos de las principales instituciones del Estado, sino que también plantea preguntas sobre los límites de la inmunidad parlamentaria y la necesidad de garantizar la rendición de cuentas.
