El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, emitió recientemente un comunicado en sus redes sociales donde critica el aumento de la inseguridad en el país, exigiendo al gobierno “mano dura” y “medidas concretas”. Este pronunciamiento llega tras el asesinato de un profesor en Ate, uno de los distritos en estado de emergencia, donde la víctima fue atacada frente a sus alumnos. Sin embargo, el mismo partido se opuso a la interpelación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado mes de septiembre, generando contradicciones en su postura frente a la crisis de inseguridad.
El comunicado de Fuerza Popular cuestiona la falta de acción del gobierno de Dina Boluarte y señala que, a pesar del estado de emergencia, los actos de violencia continúan. “La única reacción del Poder Ejecutivo fueron las vergonzosas arengas populistas de un ministro”, criticó el partido en referencia a Santiváñez.
En diálogo con La República, el politólogo Diego Quevedo comentó que la postura de Fuerza Popular es inconsistente. “El comunicado es una contradicción, ya que el partido no ha derogado leyes que han incrementado los delitos, como la extorsión y el sicariato”, sostuvo. Quevedo también subrayó la falta de operativos efectivos en distritos bajo estado de emergencia, lo que, en su opinión, recae directamente en la responsabilidad del ministro Santiváñez.
Doble discurso del fujimorismo en la lucha contra la inseguridad
Por su parte, la politóloga Crysteri Hidalgo Ruiz resaltó la “hipocresía política” del fujimorismo. “Por un lado, aprueban leyes que debilitan la persecución del delito y, por otro, critican al Ejecutivo sin asumir la responsabilidad que tienen desde el Congreso”, explicó. Hidalgo agregó que, aunque Fuerza Popular es la segunda fuerza política del país, no ha impulsado la censura del ministro Santiváñez, lo que demuestra su falta de voluntad política para enfrentar el problema.
Fuerza Popular y el debilitamiento de la persecución del delito
El partido fujimorista ha respaldado una serie de leyes que, según los críticos, han debilitado la lucha contra el crimen organizado. Entre ellas se encuentra la ley 32108, que beneficia al crimen organizado, y la ley 31990, que afecta la colaboración eficaz. En ambas normativas, varios miembros de Fuerza Popular optaron por abstenerse o votar a favor. Asimismo, la llamada “ley Soto”, que modifica los plazos de prescripción y ha sido duramente criticada, también recibió el apoyo del partido.
En total, Fuerza Popular ha respaldado siete leyes que, según expertos, debilitan el sistema de justicia y la persecución del delito en el país. A pesar de ello, el partido continúa emitiendo comunicados que critican la gestión del gobierno, sin asumir las implicancias de su propio accionar legislativo.
