El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en defensa de la controvertida Ley 32108, en medio de críticas sobre su impacto en la lucha contra el crimen organizado. La norma ha sido cuestionada por modificar la tipificación de “organización criminal” y por el manejo de allanamientos, mientras colectivos y gremios exigen su derogación, argumentando que dificulta la labor de las autoridades y favorece la impunidad.
Según el comunicado, el Ministerio negó que las diligencias de allanamiento se vean frustradas por la ausencia de defensores públicos, aclarando que la ley no impide que la Fiscalía o la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresen a un lugar si no está presente un abogado. «Es absolutamente falso afirmar que las diligencias de allanamiento son frustradas por la ausencia de defensores públicos», subraya el documento. También se explica que se da un plazo razonable para la llegada del abogado y, en su ausencia, se asigna un defensor público para garantizar el procedimiento.
En su defensa de la ley, el Ministerio de Justicia responsabilizó al Ministerio Público de coordinar mejor las diligencias y de prever la cantidad de defensores públicos necesarios para los allanamientos, a fin de evitar descoordinaciones. Insistieron en que la Ley 32108 no obstaculiza la labor de las autoridades y que la intervención de la defensa pública no busca favorecer a los delincuentes, sino prevenir nulidades futuras en los procesos judiciales.
Críticas a la Ley 32108 y su impacto en la lucha contra el crimen
La Ley 32108 ha generado polémica por dos aspectos clave. En primer lugar, la norma, impulsada por el congresista Waldemar Cerrón, establece que para que una agrupación sea considerada una organización criminal, debe tener una estructura compleja y estar orientada al control de una economía ilegal. Este cambio en la definición ha sido criticado por facilitar que grupos delictivos más pequeños eludan la justicia, complicando la identificación y persecución de organizaciones criminales.
El segundo punto de controversia es el requisito de que los allanamientos se realicen siempre en presencia de un abogado, lo que según especialistas, dificulta la obtención de pruebas cruciales. Asimismo, la ley prohíbe la inmovilización de cuentas que contengan ingresos por pensiones o sueldos, lo que, en opinión de expertos, limita la capacidad de las autoridades para rastrear fondos vinculados al crimen organizado.
A pesar de las críticas, el gobierno de Dina Boluarte mantiene su defensa de la ley, mientras sectores de la sociedad civil, como gremios de transportistas, continúan exigiendo su derogación. Estos colectivos argumentan que la Ley 32108 no solo debilita la persecución del crimen organizado, sino que también agrava la crisis de inseguridad que vive el país.
