La lucha contra la corrupción en Perú, y específicamente en nuestra región de Huánuco, enfrenta una encrucijada crítica. Incidentes, como la compra sobrevaluada de laptops durante la administración de Alvarado o las controversias alrededor de la adquisición de pizarras inteligentes en el sector educativo, no solo reflejan las deficiencias sistémicas en la gestión de recursos públicos sino también un desafío mayor a los principios de transparencia y ética en la administración pública.
Estos actos, que parecen ser el pan de cada día en distintos niveles del gobierno, desde lo local, regional hasta lo nacional, subrayan una problemática profunda en nuestra sociedad: la pérdida de valores y la normalización de la corrupción como medio para alcanzar fines personales o institucionales. La situación se ve exacerbada por una aparente inacción o ineficacia de los órganos de control y sanción, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, que a menudo ven cómo las investigaciones se estancan o se archivan sin resolución.
El caso del parque San Pedro, donde la Contraloría ha identificado incumplimientos de especificaciones técnicas en las obras, es un ejemplo más de cómo las irregularidades minan la calidad de nuestros proyectos comunitarios y de infraestructura. Este tipo de prácticas no solo desvían recursos valiosos sino que también comprometen el desarrollo futuro y el bienestar de nuestra comunidad.
Ante este panorama, es imperativo que todos los actores involucrados, desde funcionarios públicos hasta ciudadanos comunes, adopten una postura firme y comprometida contra la corrupción. Debemos exigir y practicar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en todos los niveles de gobierno y en todas nuestras acciones. Asimismo, es crucial fortalecer las instituciones encargadas de velar por la justicia y asegurar que las investigaciones lleguen a conclusiones concretas y sanciones efectivas para los responsables.
La educación, piedra angular del desarrollo de nuestra región, merece una atención especial. No basta con inaugurar aulas; es fundamental asegurar que estas y otras infraestructuras educativas en áreas rurales y urbanas cumplan con estándares que garanticen una educación de calidad para nuestros niños y jóvenes. Hacemos un llamado a las autoridades, incluida la presidenta, a que se comprometan no solo en palabra sino en acción, visitando y evaluando personalmente las condiciones en las que se encuentra nuestra infraestructura educativa.
