La Fiscalía Anticorrupción investiga a 5 exfuncionarios del gobierno de Luis Picón por el delito de colusión que habrían cometido al adjudicar y ejecutar la construcción de un colegio en Lauricochapor más de S/ 1 millón,con una serie de irregularidades que detectó el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional.
Se trata de Miguel Ángel Espinoza Haro, Alfredo Amílcar Gonzales Burgos y José Pinto Jara, miembros de la comisión que adjudicó la obra, el exgerente de Infraestructura, Oscar Colmenares Zapata, y el exmonitor de obra, Luis Alcántara Villegas.
Pese a que el postor no cumplía los requisitos,la comisión adjudicó en 2012 la obra de “Mejoramiento de los servicios de educación inicial de la institución educativa n° 498 de Santa Rosa de Patopampa”, en Rondos (Lauricocha) al Consorcio Patopampa, integrado por las empresas Servicios Generales Sosa y Valvir Constructores, que ganó la obra usando documentos falsos en su propuesta técnica.En la construcción, los funcionarios de Infraestructura forzaron ilegalmente que se modifique el contrato de la obra por más de S/180 000.
El 24 de abril, el fiscal anticorrupción Fernando CatacoraPamodirigió una diligencia en las oficinas de Administración, Tesorería y la OCI del Gorehco para asegurar los documentos originales del expediente de contratación, comprobantes de pago y el informe de auditoríaque involucran a los exfuncionarios.
Documentos
falsos
En su propuesta técnica,el Consorcio Patopampapropuso un ingeniero residente y maestro de obras que no cumplían los 3 años de experiencia que exigían las bases.Pese a ello,el comité admitió la propuesta técnica y permitió al consorcio presentar su oferta económica.
Patopampapropuso como residente de obra al ingeniero Francisco Churampi Arroyo con una declaración jurada que no tenía la huella digital y con copia del DNI ilegible. El OCI comparó la firma del ingeniero en el documento con la ficha Reniec y descubrió que eran distintas. Churampi confirmó que el consorcio falsificó su firma. “El sello y firma no me corresponden.En ningún momento, he tenido vínculo laboral con el consorcio Patopampa”, dice en una carta al OCI.
Exoneración
ilegal
La obra tenía un valor referencial (VR) de S/1 186 252.34 (incluido IGV), pero Patopampaofertó S/1 005 298,59 por debajo del valor mínimo referencial y,sin IGV,exonerando el Impuesto General a las Ventas pese a que la obra no está dentro del ámbito geográfico de la Ley de la Amazonía.
Por estos motivos, el comité debió descalificar la propuesta, pero terminó favoreciendo a Patopampa admitiendo y calificando con 100 puntos su propuesta económica y adjudicándole la obra.
En una sucesión de irregularidades, Picón firmó el contrato por S/1 005 298,59 con Patopampapese a que el consorcio no presentó a tiempo los documentos requeridos en las bases como las pólizas de seguro, el calendario de adquisición de materiales, y otros lo que no advirtió Asesoría Legal.
Cambiazo
En la construcción del colegio ocurrieron más irregularidades. Patopampa sustituyó su ingeniero residente antes de empezar la obra porque lógicamente Churampi no iba a trabajar porque no sabía de la obra ya que falsificaron su firma para ganar la licitación.
Para justificar el cambio, el consorcio presentó una carta de renuncia de Churampi que también es falsa. El ingeniero Alex Ventura Baldeón fue propuesto como residente pese a que no cumplía los 3 años de experiencia. Pese a ello, el monitor de obra, Luis Alcántara, el subgerente de Supervisión, Miguel Espinoza (presidente de la comisión) y el gerente de Infraestructura, Oscar Colmenares, admitieron al ingeniero como residente.
S/180 000
Lo más grave ocurrió después. A través de una adenda se modificó el monto del contrato que firmó Picón por S/1 005 298,59 adicionándole S/180 952.13 más.
Alcántara, Espinoza y Colmenares tramitaron ese incremento y emitieron opinión favorable para que se haga la adenda sin considerar el acta de adjudicacióny las opiniones en contra de Asesoría Jurídica y la Oficina de Logística que advirtieron que no era procedente elaborar una adenda aumentando el costo porque la obra se había adjudicado a S/1 005 000.
Antes de que se firme esta adenda, el Gorehco ya había pagado al consorcio 3 valorizaciones sin IGV por el 55.51% de avance de la obra. En enero de 2014, el Ejecutivo resolvió el contrato porque el consorcio paralizó la obra. Cuando se hizo el corte técnico administrativo se encontró que al 56.97 % se habían pagado las valorizaciones incluido el IGV. La Fiscalía Anticorrupción deberá determinar en manos de quién terminó este dinero excedente.
