El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, liderado por el fiscal Iván Carrión Cabrera, ha iniciado investigaciones contra Elfer Alonso Romero Bobadilla, exdirector de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos, Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Huánuco. Este proceso surge tras acusaciones por presunta apropiación indebida de viáticos asignados para viajes oficiales que nunca se realizaron.
Según la Disposición Fiscal N° 002, del 3 de enero de 2025, Romero Bobadilla habría presentado rendiciones de cuentas correspondientes a dos viajes de comisión de servicio: uno a Junín, para participar en un taller de asistencia técnica sobre la modificación del Reglamento de la Ley N° 29664, y otro a Lima, para reuniones de coordinación relacionadas con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En ambos casos, las investigaciones señalan que el exfuncionario no habría realizado los viajes, apropiándose del dinero destinado para viáticos.
Como parte de las diligencias, la fiscalía ha remitido el caso a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR PNP) en Huánuco, otorgando un plazo de 20 días para realizar las investigaciones correspondientes. Entre las acciones solicitadas figura requerir información a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre el taller al que supuestamente asistió Romero Bobadilla, incluyendo el listado de participantes y cualquier certificado emitido.
Además, se ha ordenado tomar declaraciones testimoniales a trabajadores y vigilantes del COER Huánuco, quienes podrían aportar información clave sobre las fechas en que el denunciado habría estado en la oficina, contraviniendo los supuestos viajes de trabajo.
El fiscal Carrión Cabrera también ha dispuesto que los resultados de las investigaciones sean comunicados de manera inmediata al Ministerio Público. Se exige rigurosidad en el proceso, con la presencia constante del representante fiscal en los actos de investigación y la elaboración de un informe policial detallado al finalizar las diligencias.
Este caso subraya la lucha contra la corrupción en la región y plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de fondos públicos.
