El reciente anuncio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) sobre el aumento del Bono Familiar Habitacional (BFH) a S/57.245 para familias estafadas en proyectos de Techo Propio ha generado diversas reacciones. Si bien esta medida busca restituir el acceso a la vivienda a las familias afectadas, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) advierte que esto no soluciona el problema de fondo: la paralización de los proyectos habitacionales.
De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 045-2025-VIVIENDA, publicada en El Peruano, el nuevo monto del BFH para la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) incluye un incremento de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) adicionales al valor actual. Con esta modificación, el bono pasa de S/46.545 (8,7 UIT) a S/57.245 (10,7 UIT). Según Por Esteban Salazar Herrada para Infobae.
Este ajuste beneficiará únicamente a las familias cuya elegibilidad haya sido restituida bajo los criterios establecidos en la Ley N° 32196, la cual regula la compensación a los afectados por proyectos inmobiliarios fallidos. El Fondo Mivivienda S.A. será el encargado de administrar y supervisar esta restitución, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos, como el no ser propietarios de otro inmueble.
El problema de fondo: paralización de proyectos habitacionales
La medida del MVCS surge como respuesta a múltiples denuncias de familias que, pese a haber sido seleccionadas para Techo Propio, nunca recibieron las viviendas prometidas debido a la quiebra o incumplimiento de las constructoras. Sin embargo, desde el sector inmobiliario advierten que el incremento del bono no resuelve la raíz del problema.
📌 José Espantoso, presidente de ASEI, afirmó que el foco del gobierno debería estar en garantizar la culminación de los proyectos, en lugar de solo reembolsar a las familias afectadas.
“Lo fundamental es que los proyectos se culminen, que salgan adelante, y si el que falló fue el desarrollador inmobiliario, estos deben ser castigados y salir del proyecto”, enfatizó Espantoso en declaraciones a Infobae Perú.
El representante del sector inmobiliario explicó que, cuando un proyecto se paraliza, los recursos del Estado y los ahorros de las familias quedan atrapados en activos como terrenos o fideicomisos, los cuales pueden tardar años en liquidarse.
Propuesta de ASEI: fideicomiso de titulización para proyectos habitacionales
Para evitar que las familias se queden sin vivienda, ASEI ha propuesto al MVCS y al Fondo Mivivienda la implementación de un fideicomiso de titulización, un mecanismo financiero que garantizaría la culminación de los proyectos, incluso si el desarrollador original incumple sus obligaciones.
Según Espantoso, este modelo permitiría que, en caso de problemas con el constructor original, se asigne a otra empresa la continuación del proyecto, evitando que las obras queden inconclusas.
“El fin no debe ser que se paralicen los proyectos y se ejecuten activos, sino llevar adelante el proyecto y entregar llaves a las familias que más lo necesitan”, destacó.
Bajo este esquema, el fideicomiso no solo funcionaría como una garantía, sino que también asumiría la responsabilidad de gestionar y terminar la obra, asegurando que las viviendas sean entregadas en el plazo previsto.
El impacto del caso Goray en las políticas de vivienda
El incremento del BFH y las nuevas disposiciones del MVCS surgen en un contexto marcado por escándalos de corrupción en el sector inmobiliario. Uno de los casos más emblemáticos es el de Sada Angélica Goray Chong, empresaria vinculada a actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo.
📌 Goray tuvo influencia directa en el Fondo Mivivienda, logrando obtener financiamiento estatal para varios proyectos habitacionales, como Lima Bonita, Chiclayo Bonito y Piura Bonita.
Aunque el caso no está directamente relacionado con el nuevo aumento del BFH, sí ha dejado lecciones sobre la falta de supervisión en la asignación de recursos públicos para la vivienda.
📌 En particular, los proyectos Las Palmeras del Golf en Tarapoto y Chiclayo Bonito, que fueron aprobados por un total de S/185 millones, enfrentaron problemas que obligaron a la devolución del dinero a los propietarios afectados.
Este escándalo evidenció la necesidad de reforzar la fiscalización y mejorar los mecanismos de control sobre las constructoras que acceden a los fondos de vivienda del Estado.
¿El aumento del BFH es suficiente para resolver el problema?
Si bien el incremento del Bono Familiar Habitacional es una respuesta a la crisis de proyectos fallidos, expertos consideran que la medida es solo un paliativo y que el verdadero reto es garantizar que las viviendas sean entregadas a los beneficiarios en los plazos establecidos.
🔹 José Espantoso, de ASEI, reiteró que el gobierno debe priorizar la culminación de proyectos en lugar de enfocarse solo en la compensación económica.
🔹 Especialistas en vivienda han advertido que, sin un control más estricto sobre las inmobiliarias, seguirá existiendo el riesgo de estafas en Techo Propio, dejando a miles de familias sin hogar.
🔹 La implementación de fideicomisos de titulización, como propone ASEI, podría reducir significativamente los casos de proyectos inconclusos, garantizando la entrega efectiva de las viviendas prometidas.
Conclusión: el reto de garantizar el acceso a la vivienda
El acceso a una vivienda digna sigue siendo un desafío en el Perú, especialmente para las familias de bajos recursos que dependen de programas como Techo Propio. Si bien el aumento del BFH es una medida positiva, no soluciona el problema estructural de los proyectos habitacionales inconclusos.
📌 ASEI ha alertado que la clave está en garantizar la culminación de los proyectos, evitando que los recursos del Estado y los ahorros de las familias se pierdan en desarrollos inmobiliarios fallidos.
📌 La implementación de fideicomisos de titulización podría ser una solución viable para evitar la paralización de las obras y asegurar la entrega de viviendas.
📌 El caso Goray ha dejado en evidencia la urgencia de fortalecer los controles y regulaciones en la administración de fondos públicos destinados a la vivienda.
Con más de 1.5 millones de familias en el país aún sin acceso a una vivienda adecuada, el gobierno tiene el reto de impulsar políticas más eficientes que garanticen la entrega efectiva de los proyectos habitacionales y brinden estabilidad al sector inmobiliario.
