El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrenta crecientes críticas por mantener su cargo tras la extensión del estado de emergencia en 14 distritos de Lima, una medida que, según los datos más recientes, no ha logrado frenar el aumento de la delincuencia. Esto contrasta con su compromiso público, hecho el 27 de septiembre, de renunciar si la estrategia no obtenía resultados.
El origen de la promesa
En medio de la crisis de inseguridad que afecta al país, Santiváñez implementó el estado de emergencia como respuesta al paro de transportistas y la creciente ola de delitos. Durante una entrevista en Punto Final, aseguró que, de fallar la medida, pondría su cargo a disposición de la presidenta Dina Boluarte.
“Daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente”, dijo. También destacó que los índices de extorsión habrían disminuido en un 4 % respecto al 2023.
Sin embargo, cifras del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) de la Policía Nacional desmienten esta afirmación, evidenciando que las extorsiones han seguido una tendencia ascendente durante el estado de emergencia.
La realidad de las cifras
De acuerdo con Sidpol:
- Las denuncias por homicidios ascendieron a 2.027 entre enero y octubre de 2024, superando las 1.915 del mismo período en 2023.
- Las extorsiones aumentaron significativamente: 483 denuncias en julio, 562 en agosto, 649 en septiembre y 796 en octubre.
El analista de datos Juan Carbajal señaló que estas cifras reflejan un incremento constante, lo que contradice las declaraciones del ministro.
Casos emblemáticos durante el estado de emergencia
Los episodios de extorsión y violencia continúan afectando a diversos sectores:
- Amenazas contra empresas de transporte: La empresa La 50 denunció ser víctima de la banda Los Amigos del Sur a principios de octubre.
- Arreglo fúnebre en Carabayllo: Un exdirectivo de la empresa El Rápido recibió una amenaza directa de la banda Los Injertos del Cono Norte, que exigía 25.000 soles.
- Ataque a un autobús en San Juan de Lurigancho: La unidad de la empresa Las Flores fue baleada el 25 de noviembre, evidenciando la vulnerabilidad del transporte público incluso bajo estado de emergencia.
Estos son solo algunos de los casos que ilustran la persistencia de las extorsiones y amenazas en un clima de creciente inseguridad.
Las posturas críticas
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior:
El exfuncionario calificó como ineficaz la estrategia de Santiváñez. Aunque reconoció que cuatro de los 14 distritos intervenidos muestran mejoras relativas gracias a la presencia policial, subrayó que en los otros 10 no hay avances significativos.
“El estado de emergencia no ha tenido éxito, ya que la extorsión sigue adelante,” afirmó Valdés.
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior:
Pedraza fue más contundente al pedir la renuncia de Santiváñez, argumentando que los estados de emergencia son medidas superficiales que no abordan las causas estructurales de la criminalidad.
“El estado de emergencia no resuelve absolutamente nada. El ministro debe cumplir su palabra y renunciar,” sostuvo.
Pedraza también enfatizó la necesidad de estrategias más profundas: fortalecer la inteligencia policial, dotar de tecnología al sector y mejorar la formación de los efectivos.
La postura del ministro
Pese a las críticas y la falta de resultados visibles, Santiváñez sigue defendiendo la medida y su gestión. A mediados de noviembre, durante el APEC 2024, declaró que los estados de emergencia estaban funcionando y que los cargos ministeriales siempre están a disposición de la presidenta y el premier.
El 26 de noviembre, Santiváñez decidió extender el estado de emergencia por 45 días más, ignorando los pedidos de renuncia que se han intensificado en las últimas semanas.
Extorsión: un problema generalizado
Más allá del sector transporte, la extorsión afecta a pequeños comerciantes, empresarios y comunidades vulnerables. Este fenómeno, alimentado por la falta de control estatal y el miedo a represalias, ha crecido exponencialmente en los últimos años.
“Muchos de los casos no se denuncian por temor a represalias. Esto dificulta tener un panorama real y completo de la magnitud del problema,” explicó un especialista en criminología.
El impacto político y social
La permanencia de Santiváñez en el cargo, pese a sus promesas incumplidas, ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad. Además, expone una desconexión entre las estrategias oficiales y las necesidades reales de la población.
La falta de resultados palpables pone en duda la efectividad de las políticas actuales y deja al Ejecutivo en una posición vulnerable frente al creciente descontento ciudadano.
