El Congreso de la República ha vuelto a abrir el debate sobre el servicio militar obligatorio tras la presentación de dos proyectos de ley que buscan reintroducir esta medida, pero con un enfoque particular: jóvenes desempleados, sin estudios o con antecedentes judiciales serían los principales convocados. Las propuestas, impulsadas por la Municipalidad de Los Olivos y la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso), se justifican como herramientas para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana.
El contexto de las propuestas
El servicio militar obligatorio fue suspendido en Perú en 1999, siendo reemplazado por un modelo voluntario. Sin embargo, el aumento de la delincuencia juvenil y la inseguridad en varias regiones del país ha motivado un renovado interés en esta medida, vista por algunos sectores como un medio para brindar disciplina y formación a jóvenes vulnerables.
Detalles de los proyectos
1. Iniciativa de la Municipalidad de Los Olivos
- Foco en la seguridad ciudadana: La propuesta surge como respuesta a los altos índices de inseguridad en el distrito.
- Criterios de inclusión: Apunta a jóvenes desempleados por más de seis meses, aquellos que no estén cursando estudios y quienes tengan sentencias judiciales relacionadas con omisión de asistencia familiar.
- Argumento principal: Consideran que esta medida puede prevenir la delincuencia al ofrecer a estos jóvenes una alternativa para su integración social.
2. Proyecto de ley de María Acuña
- Disciplina y valores: Según la congresista, el servicio militar obligatorio proporcionará a los jóvenes un entorno disciplinado y formación en valores, alejándolos de actividades delictivas.
- Prevención social: Propone la medida como una herramienta para reinsertar a los jóvenes vulnerables en la sociedad, con énfasis en su formación y capacitación.
Ambas iniciativas coinciden en que el servicio militar obligatorio podría actuar como un mecanismo de prevención y reinserción social, con un impacto positivo en la seguridad pública.
Reacciones divididas
El debate generado por las propuestas ha provocado respuestas polarizadas entre diferentes sectores de la sociedad:
- Apoyo a la medida
Defensores del servicio militar obligatorio argumentan que ofrecer disciplina y formación a jóvenes vulnerables puede ayudarlos a alejarse de redes delictivas y encontrar oportunidades laborales. Algunos líderes locales, como los de Los Olivos, respaldan la medida como una solución inmediata frente al aumento de la delincuencia. - Críticas y advertencias
Expertos en derechos humanos y políticas públicas señalan riesgos de estigmatización. Indican que la medida podría reforzar prejuicios contra jóvenes desempleados o sin estudios, tratándolos como potenciales delincuentes debido a su situación económica o educativa.Además, estadísticas del Ministerio Público y el Poder Judicial revelan que solo el 1 % de los delincuentes en el país son menores de edad y menos del 9 % son jóvenes de 18 años o menos. Esto sugiere que el impacto de la medida sobre la delincuencia podría ser limitado.Otros críticos han destacado la necesidad de considerar soluciones más integrales, como la mejora en la calidad educativa y el acceso a oportunidades laborales, en lugar de imponer medidas coercitivas.
El debate en el Congreso
Los proyectos ahora deben ser discutidos en las comisiones correspondientes antes de ser sometidos a votación en el Pleno. La discusión incluirá análisis sobre la viabilidad económica y social de las propuestas, así como su alineación con los principios de derechos humanos y no discriminación.
Compensación económica y condiciones
En el servicio militar actual, de carácter voluntario, los reclutas reciben una compensación económica mensual y acceso a ciertos beneficios. Aunque las iniciativas no detallan si estos incentivos se mantendrían bajo el modelo obligatorio, se espera que tales condiciones sean parte del debate.
Implicaciones sociales y económicas
Si bien el servicio militar obligatorio puede representar una salida para jóvenes en situaciones vulnerables, los críticos enfatizan la importancia de no perder de vista soluciones estructurales. Mejorar la calidad de la educación, fomentar el empleo juvenil y fortalecer las instituciones son estrategias que podrían abordar las causas profundas de la delincuencia sin recurrir a medidas coercitivas que puedan ser percibidas como punitivas.
¿Una solución efectiva?
El debate sobre el servicio militar obligatorio plantea preguntas complejas sobre la relación entre seguridad y desarrollo social. Si bien las propuestas intentan responder a una necesidad urgente de seguridad ciudadana, el desafío radica en equilibrar estas medidas con un enfoque que no perpetúe estigmas ni vulnere derechos fundamentales.
