Pareciera que hemos retrocedido a los años 90, cuando el país enfrentaba el terrorismo, pero esta vez el miedo viene de un gobierno que, con tintes de extrema izquierda, ha dejado a la población desprotegida ante el creciente clima de violencia. Mientras la delincuencia crece, y las calles se vuelven cada vez más inseguras, la presidenta ha optado por responsabilizar a la prensa en lugar de actuar.
Los ciudadanos han salido a exigir medidas concretas para detener los robos y asesinatos que ocurren diariamente, crímenes cometidos por delincuentes armados que han generado un ambiente de pánico generalizado. En respuesta, el Consejo de Ministros ha declarado el estado de emergencia. Sin embargo, mientras la situación se agrava, la presidenta permanecía ausente, priorizando asuntos personales en lugar de dar la cara al pueblo que tanto dice defender.
Las respuestas tardías del gobierno también se han visto en la reciente crisis de incendios forestales, que se han extendido por diversos departamentos. El daño ha sido devastador, afectando campos de cultivo, viviendas y escuelas rurales. A esto se suma la destrucción de sistemas de agua, lo que ha dejado a muchas comunidades sin acceso al recurso más vital. Mientras tanto, los ríos y afluentes, como los que alimentan al Huallaga, se están secando por la falta de lluvias, acentuando aún más el sufrimiento de estas poblaciones.
Los transportistas también se han unido a los reclamos, pidiendo mayor seguridad y más presencia policial. Pero, el problema es estructural: la falta de coordinación entre la policía, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y el Legislativo muestra una alarmante desconexión. Mientras unos capturan delincuentes, otros los liberan, perpetuando el ciclo de violencia.
El gobierno carece de un plan de acción claro. La presidenta, sin liderazgo ni capacidad, parece más preocupada por su imagen personal que por enfrentar los desafíos del país. Es lamentable que haya llegado al poder por circunstancias fortuitas, pero lo más grave es su incapacidad para gobernar de manera efectiva. Mientras tanto, el pueblo sigue desarmado, en estado de emergencia, enfrentando no solo a la delincuencia sino a un gobierno que no está a la altura.
La única opción que nos queda como ciudadanos es mantener la calma y exigir con firmeza a nuestras autoridades un compromiso real. Es hora de que la presidenta y su equipo respondan a las críticas y asuman la responsabilidad que les corresponde.
