El Gobierno de Dina Boluarte ha quedado en el centro de la polémica tras el anuncio erróneo de la captura de Iván Quispe Palomino, presentado como el número dos de Sendero Luminoso por el Ministerio del Interior. El incidente, que inicialmente fue celebrado como un logro en la lucha antiterrorista, pronto se transformó en un escándalo cuando el Poder Judicial ordenó la liberación de Quispe, tras confirmar que no se trataba del cabecilla terrorista, sino de su hermano. Este error ha generado críticas hacia el Ejecutivo, que hasta el momento no ha ofrecido disculpas formales, lo que ha agravado el descontento público y cuestionado la efectividad de las operaciones de seguridad del país.
Celebración prematura y error en la identificación
El 16 de octubre, Juan José Santivañez, ministro del Interior, anunció con bombos y platillos la captura de Iván Quispe Palomino en San Juan de Lurigancho. Lo que parecía ser una operación exitosa resultó ser una confusión cuando se confirmó que la persona detenida no era el cabecilla de Sendero Luminoso, sino su hermano menor, quien no está vinculado con actividades terroristas desde hace más de una década. Este error fue resaltado por expertos en seguridad, como Pedro Yaranga, quien advirtió desde un principio sobre la equivocación.
Pese a las advertencias de diversos especialistas, el ministro Santivañez defendió la captura, basándose en antecedentes de los años 90 y requisitorias por delitos de terrorismo. Sin embargo, las pruebas presentadas no eran suficientes para mantener a Quispe bajo custodia, lo que llevó a su liberación el 18 de octubre. Esta situación ha sido calificada como un revés importante para el Gobierno de Boluarte, que ha enfrentado múltiples críticas por la falta de diligencia en este caso.
Las críticas crecen: la falta de disculpas y el impacto en la opinión pública
La liberación de Iván Quispe Palomino, quien tras salir de prisión denunció el maltrato psicológico sufrido durante su detención, ha generado un fuerte malestar entre la opinión pública. Quispe exigió disculpas de las autoridades por los daños causados a él y a su familia, y anunció que interpondrá una querella contra los responsables de su detención injustificada.
Pese al clamor público, el gobierno de Dina Boluarte y el Ministerio del Interior no han reconocido públicamente el error, lo que ha intensificado las críticas por la falta de transparencia y responsabilidad. Ciudadanos y políticos han señalado la falta de una disculpa oficial como una señal de indiferencia por los daños causados a la imagen y bienestar de un ciudadano inocente. Este episodio ha reforzado la percepción de que el gobierno carece de control en la lucha contra el terrorismo y que actúa precipitadamente sin verificar adecuadamente la información en casos tan sensibles.
El respaldo de la Policía Nacional: protocolos y cuestionamientos
A pesar del escándalo, la Policía Nacional del Perú (PNP) respaldó al ministro Santivañez y aseguró que durante la intervención se siguieron todos los protocolos establecidos. En un comunicado emitido el 19 de octubre, la PNP explicó que la captura de Iván Quispe Palomino estaba justificada, pues existían requisitorias previas en su contra por delitos de terrorismo en 2013, 2015 y 2016. Sin embargo, estas requisitorias correspondían a delitos que ya habían sido investigados en su momento, lo que generó dudas sobre la legalidad de la nueva intervención.
El hecho de que Iván Quispe Palomino purgó condena en los años 90 por su vinculación con Sendero Luminoso, pero que actualmente se dedicaba a actividades de construcción civil, fue un argumento crucial para el Poder Judicial, que determinó su liberación inmediata. Este desenlace pone en tela de juicio la capacidad del Ministerio del Interior para llevar a cabo operaciones efectivas y sin errores, lo que ha golpeado la credibilidad de Santivañez y su equipo.
